Denuncian decreto de emergencia en IHSS: La privatización encubierta
Tegucigalpa, Honduras. — El diputado y médico Carlos Umaña arremetió contra el decreto de emergencia del IHSS, calificándolo como una “gran decepción” y advirtiendo que podría derivaren una privatización de servicios clave en el sistema de salud.
El congresista cuestionó duramente el contenido del decreto PCM-007-2026, aprobado por el Gobierno para intervenir el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) durante un año, al considerar que no cumple con los requisitos necesarios para un verdadero fortalecimiento institucional.
Tras analizar el documento, Umaña señaló que el PCM omite problemas estructurales críticos, como la mora histórica del Estado con el IHSS, y no establece reglas claras para el manejo de los llamados “fondos intocables”, destinados exclusivamente a la expansión del sistema de seguridad social.
Uno de los puntos más polémicos, según el legislador, es la autorización para establecer alianzas con el sector privado, lo que —a su juicio— abre la puerta a una privatización progresiva. “Autoriza a entidades privadas a participar en áreas sensibles como la distribución de medicamentos, lo cual es una forma de privatización”, advirtió.
Además, cuestionó que, aunque el decreto menciona la contratación de especialistas, en la práctica se enfoca en integrar al IHSS en esquemas como fideicomisos de salud y asociaciones público-privadas, en lugar de fortalecer la capacidad interna del sistema sanitario.
El diputado también criticó la falta de transparencia, señalando que el PCM no contempla la presentación de un informe ante el Congreso Nacional, ni incluye reformas a la Ley de Seguridad Social que permitan al IHSS invertir directamente en infraestructura, una medida clave para su sostenibilidad a largo plazo.
Aunque el Gobierno justificó la declaratoria de emergencia —emitida el 26 de marzo— como una acción urgente para proteger la salud de miles de hondureños, la intervención ha despertado dudas sobre su alcance real y sus posibles consecuencias.
Para Umaña, el decreto podría ofrecer soluciones temporales, pero está lejos de representar una reforma integral. El debate ahora se centra en si esta medida es un salvavidas para un sistema en crisis o el inicio de una transformación que podría cambiar profundamente el modelo de atención en el país.
