Promesa cumplida: Marlon Ochoa desaparece y no se presenta a juicio político

Tegucigalpa, Honduras. — La Comisión Especial del Congreso Nacional dio inicio este lunes a las audiencias públicas dentro del proceso de juicio político contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en medio de la inasistencia del consejero Marlon Ochoa, uno de los principales señalados.

La audiencia estaba programada para las 9:00 de la mañana, sin embargo, al momento de la apertura, la presidenta de la comisión, Tania Pinto, solicitó el ingreso del consejero del CNE, constatándose su ausencia total, sin haber presentado excusa formal ni notificación ante el Legislativo.

Ante la situación, la comisión otorgó un tiempo de espera conforme al procedimiento legal para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del funcionario, tal como lo establece la normativa vigente.

Sin embargo, a las 9:17 de la mañana, se confirmó nuevamente que Marlon Ochoa no se había presentado, ni tampoco había enviado justificación alguna, lo que quedó registrado oficialmente en el expediente del caso tras la verificación con la Secretaría del Congreso Nacional.

La presidenta de la comisión reiteró que el proceso contará con todas las garantías legales, asegurando que los funcionarios tendrán derecho a defensa, exposición de pruebas y descargos, pese a su inasistencia.

La ausencia de Ochoa ocurre después de que el pasado jueves el propio funcionario anunciara públicamente que no asistiría a la citatoria, al considerar que el proceso de juicio político carece de imparcialidad y estaría previamente definido.

Desde el Congreso Nacional se enfatizó que la inasistencia no detiene el procedimiento, por lo que el juicio político continuará su curso con la evacuación de pruebas y comparecencias programadas.

Para esta jornada también están citados el magistrado del TJE, Mario Morazán, a las 11:00 de la mañana, así como los magistrados suplentes Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta en horas de la tarde.

Los funcionarios enfrentan señalamientos vinculados a su actuación en el proceso electoral de 2025, en un caso que ha generado fuerte tensión política e institucional en el país.

El Congreso reiteró que se respetará el derecho a la defensa, aunque advirtió que la inasistencia injustificada será tomada en cuenta dentro de la evaluación final del proceso.