Reanudan audiencia contra gringo estafador por millonario golpe al Estado
TEGUCIGALPA, HONDURAS. — La justicia hondureña retoma este día la audiencia inicial contra el empresario estadounidense Murray Paul Farmer, acusado de un fraude que habría costado al país más de 3,000 millones de lempiras, en un caso que sacude las finanzas públicas y expone fallas en el sistema legal.
Farmer fue capturado el pasado 17 de marzo en el aeropuerto de Palmerola, cuando intentaba ingresar al país, y desde entonces enfrenta un proceso judicial bajo medidas cautelares como arresto domiciliario y prohibición de salida del país, tras ser declarado imputado.
El caso gira en torno a un controvertido laudo arbitral que obligaba al Estado hondureño a pagar una suma millonaria, proceso que, según el Ministerio Público, estuvo marcado por irregularidades que favorecieron al empresario y generaron un grave perjuicio económico.
La historia se remonta a finales de los años 90, tras el paso del huracán Mitch, cuando la empresa DRC Inc., propiedad de Farmer, obtuvo un contrato financiado por USAID por unos 19 millones de dólares para proyectos de reconstrucción a través del FHIS. Sin embargo, en 2002 la compañía habría incumplido el contrato al subcontratar sin autorización, lo que derivó en la suspensión de pagos.
Años después, la empresa demandó al Estado hondureño, dando inicio a un proceso arbitral que concluyó con un fallo favorable a la compañía. No obstante, el laudo fue posteriormente cuestionado por falta de sustento legal, e incluso un tribunal federal en Washington determinó que Honduras no estaba obligada a pagar dicha suma.
Pese a ello, el caso resurgió en el país y en 2023 un tribunal ordenó el embargo de cuentas estatales por más de 2,600 millones de lempiras, reavivando la polémica y encendiendo alarmas sobre la seguridad jurídica y la defensa del Estado.
Las autoridades sostienen que Farmer fue beneficiado mediante acciones irregulares dentro del proceso, mientras que la defensa insiste en que el empresario es víctima de una deuda incumplida por parte del gobierno hondureño.
La audiencia que se reanuda este día será clave para definir el rumbo de uno de los casos más sensibles para las finanzas públicas. Más allá del proceso penal, el expediente deja al descubierto las debilidades institucionales frente a litigios internacionales y la falta de controles que pueden derivar en golpes millonarios al erario público.
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