Diputados en la mira: Congreso prepara sanciones por relajo legislativo
TEGUCIGALPA. Después de escenas que rozaron el caos y dejaron en evidencia la fragilidad del debate político, el Congreso Nacional aprobó una resolución que busca poner freno —al menos en el papel— a los constantes actos de insurrección y desorden dentro del hemiciclo.
La medida surge como reacción directa a los recientes zafarranchos protagonizados por diputados, especialmente de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), durante la introducción de una denuncia de juicio político, un episodio que convirtió el pleno en un escenario más cercano a la confrontación callejera que al ejercicio legislativo.
Según la nueva disposición, los congresistas que incurran en conductas que alteren el orden o interrumpan las sesiones podrán enfrentar sanciones de hasta 15 días sin goce de sueldo. Un castigo que, si bien suena contundente, plantea dudas sobre su aplicación real en un Congreso donde las sanciones históricamente han sido más simbólicas que efectivas.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, justificó la decisión señalando que se busca “mantener el orden y garantizar el normal desarrollo de las sesiones”, así como reforzar el respeto a las normas internas. Sin embargo, la necesidad misma de esta resolución deja al descubierto un problema más profundo: la incapacidad de los propios diputados para autorregular su comportamiento.
La normativa pretende establecer mecanismos disciplinarios más estrictos, en un intento por evitar que el hemiciclo vuelva a convertirse en un campo de batalla político. Pero en un contexto marcado por la polarización, la pregunta es inevitable: ¿será esta medida un verdadero punto de inflexión o solo otro intento fallido de imponer disciplina?
El trasfondo no es menor. El ambiente en el Congreso continúa cargado de tensión, especialmente por el tema del juicio político, que ha exacerbado los choques entre bancadas y ha llevado el debate a niveles cada vez más confrontativos.
Con esta decisión, el Legislativo intenta recuperar algo de credibilidad, pero el reto va más allá de sancionar: se trata de reconstruir una institucionalidad que hoy parece rebasada por sus propios actores.
