¡Para lo poco que le va servir! EE.UU. autoriza pago de abogados para Maduro
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. – El gobierno de Estados Unidos accedió a modificar las sanciones contra Venezuela para permitir que el Ejecutivo venezolano pague los honorarios legales del líder Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan un proceso judicial por presunto narcotráfico en la ciudad de Nueva York.
La decisión fue confirmada mediante un documento judicial y establece que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias enmendadas que autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela, bajo condiciones específicas.
Según el texto, los pagos permitidos deberán realizarse con fondos disponibles después del 5 de marzo de 2026, y no podrán provenir de fondos de depósito de gobiernos extranjeros, lo que establece límites estrictos sobre el origen del dinero autorizado.
El giro en esta política representa un cambio significativo en la postura del Departamento de Justicia y de la administración del presidente Donald Trump, que anteriormente había bloqueado este tipo de transacciones alegando razones de seguridad nacional y política exterior.
La defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de cubrir los costos legales vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza el derecho a elegir representación legal y un debido proceso justo.
En audiencias previas, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, había mostrado dudas sobre la postura del gobierno, señalando que los acusados ya no representarían una amenaza para la seguridad nacional, lo que abrió el debate sobre la restricción de fondos para su defensa.
Maduro y Flores, detenidos tras una operación de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas y trasladados a una prisión federal en Brooklyn, se han declarado no culpables de los cargos que incluyen conspiración para narcoterrorismo e importación de cocaína.
El proceso judicial aún se encuentra en fase previa, y se estima que el juicio formal podría comenzar en uno o dos años, en uno de los casos más mediáticos y polémicos de la política internacional reciente.
