Primero se lo llevan jalado por extorsión y ahora lo sueltan
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió por unanimidad suspender el proceso judicial contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo, acusado del supuesto delito de extorsión, al otorgarle un recurso de amparo presentado por su defensa, al considerar que durante el proceso se vulneró el debido proceso al no tramitar previamente el antejuicio que la ley establece para jueces y magistrados por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
La decisión fue confirmada por el director de la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien explicó que el amparo fue concedido contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones, la cual había ratificado el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva.
Según la resolución de la Sala de lo Constitucional, las actuaciones judiciales realizadas en ese momento incurrieron en una vulneración al debido proceso al omitirse el procedimiento de solicitud de antejuicio, mecanismo legal que protege a jueces y magistrados frente a procesos penales relacionados con actos vinculados al ejercicio de sus funciones.
Asimismo, el máximo órgano constitucional determinó que el Tribunal de Alzada incurrió en una incongruencia omisiva, al no pronunciarse sobre los argumentos presentados por la defensa relacionados con el otorgamiento de una caución y la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Con esta resolución, Marco Antonio Vallecillo recuperaría su libertad, luego de permanecer privado de ella desde su captura, ocurrida el 17 de agosto de 2024.
El fallo también deja sin efecto la etapa de juicio oral a la que ya había sido sometido el exfuncionario, por lo que el proceso penal deberá regresar a su punto de partida si el Ministerio Público decide continuar con la acusación.
En ese escenario, el ente acusador deberá reiniciar las investigaciones desde cero y presentar formalmente una solicitud de antejuicio ante los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada, como requisito previo para promover un nuevo requerimiento fiscal.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han ofrecido mayores detalles sobre los alcances de la resolución ni sobre los pasos que seguirá el Ministerio Público en este caso que vuelve a colocarse en el centro del debate jurídico.
