Asesino intelectual de Said Lobo “suelta la sopa” a cambio de una condena menor
TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) formalizó la acusación contra el presunto autor intelectual del asesinato de Said Omar Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, durante una audiencia preliminar en la que el imputado notificó su decisión de someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirá su culpabilidad a cambio de una reducción en la pena de prisión por los delitos de asesinato y asociación para delinquir, en uno de los casos criminales más impactantes registrados en Honduras en los últimos años.
Durante la comparecencia judicial, representantes del Ministerio Público ratificaron los cargos penales contra el acusado, mientras que la defensa informó al tribunal que su representado aceptará los hechos que se le atribuyen con el objetivo de obtener una rebaja en la condena.
Ante esta solicitud, el juez que conoce la causa programó una nueva audiencia para el próximo 23 de junio a las 9:00 de la mañana, fecha en la que el procesado formalizará su admisión de culpabilidad y se conocerán los alcances del acuerdo judicial.
El crimen ocurrió la madrugada del 14 de julio de 2022 en el estacionamiento de un complejo comercial de Tegucigalpa, donde Said Omar Lobo Bonilla fue asesinado junto a José Salomón Vásquez, Norlan Enrique Rodríguez y Luis Armando Zelaya durante un ataque armado perpetrado por un grupo de hombres fuertemente armados.
Las investigaciones del Ministerio Público, respaldadas por grabaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911, establecieron que los atacantes utilizaron uniformes falsos de la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas para interceptar a las víctimas y ejecutar el atentado.
Por este caso, varios de los autores materiales ya fueron condenados a 96 años de prisión, mientras que otros implicados recibieron sentencias menores por su participación en los hechos.
La decisión del principal acusado de admitir responsabilidad representa un giro significativo en el proceso judicial y podría acelerar el cierre de una de las investigaciones más mediáticas y complejas de los últimos años en el país.
