Huyó por 20 años y ahora lo envían a prisión por asesinato de ambientalista
TÁMARA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS. – El hondureño Ítalo Iván Lemus Santos fue trasladado al Centro Penitenciario Nacional de Támara, tras ser capturado por agentes de la ATIC y la Policía Nacional en una operación ejecutada el 19 de mayo, luego de permanecer prófugo durante casi 28 años, y tras ser notificado de una condena firme de 26 años y ocho meses de prisión por el delito de asesinato del ambientalista Carlos Antonio Luna López y homicidio en su grado de tentativa contra Silvia Esperanza González Duarte, en Catacamas, Olancho.
La captura y posterior envío a prisión se produjo luego de que el Juzgado de Letras de Catacamas, Olancho, ejecutara la notificación de la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones, que ratificó la responsabilidad penal del acusado por los hechos ocurridos en mayo de 1998.
Según la resolución judicial, Lemus Santos deberá cumplir 18 años de cárcel por el asesinato del ambientalista y exregidor Carlos Luna López, y ocho años y ocho meses por el intento de homicidio contra la sobreviviente del ataque armado, Silvia Esperanza González Duarte.
Las autoridades detallaron que el ahora condenado fue considerado uno de los principales autores materiales del crimen y logró evadir la justicia durante casi tres décadas, hasta su reciente detención en una operación coordinada entre la ATIC y la Policía Nacional.
El caso se remonta al 18 de mayo de 1998, cuando Carlos Luna, ingeniero agrónomo y regidor municipal, fue atacado a disparos tras salir de una reunión en Catacamas, donde había denunciado presuntos actos de corrupción vinculados a la tala ilegal de bosques en Olancho.
El crimen generó amplia repercusión nacional e internacional, lo que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2013, a declarar al Estado hondureño responsable por violaciones al derecho a la vida del ambientalista y a ordenar medidas de reparación para sus familiares.
Tras la captura, el hijo de la víctima, Baloi Luna, exigió que las investigaciones continúen para identificar a los posibles autores intelectuales del crimen.
“El es el autor material, pero hacen falta los autores intelectuales”, manifestó, al señalar además presuntos vínculos de estructuras criminales con actores políticos.
El caso vuelve a reavivar el debate sobre la violencia contra defensores ambientales en Honduras, en un contexto donde otros asesinatos de activistas siguen bajo investigación en el país.
