Rellenitas de droga se quisieron meter a «El Pozo» y les falló el plan
SANTA BÁRBARA, HONDURAS. – Dos mujeres fueron detenidas tras ser detectadas por el sistema de escáner corporal cuando intentaban ingresar como visitantes al Centro Penitenciario de Ilama, conocido como “El Pozo”, luego de que el equipo de seguridad alertara sobre posibles objetos externos en sus cuerpos y una inspección posterior permitiera decomisar varios envoltorios con polvo blanco, presuntamente cocaína.
Según el reporte de las autoridades, la alerta se produjo durante el procedimiento de ingreso de las visitantes al centro penitenciario. Ante la señal emitida por el sistema de seguridad, los agentes activaron los protocolos establecidos y realizaron una inspección más exhaustiva.
Durante el procedimiento fueron encontrados varios envoltorios que contenían una sustancia de apariencia blanca, que de manera preliminar fue identificada como presunta cocaína.
La evidencia fue decomisada y trasladada para realizar los análisis correspondientes, que permitirán determinar la naturaleza exacta de la sustancia.
FUERON REMITIDAS A LA DPI
Tras la detención, las dos mujeres fueron trasladadas junto con los indicios decomisados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Santa Bárbara, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.
De manera preliminar, las sospechosas fueron señaladas por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas agravado.
Sin embargo, serán las investigaciones del Ministerio Público y posteriormente un juez los que determinen si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales.
PODRÍAN ENFRENTAR VARIOS AÑOS DE PRISIÓN
De acuerdo con el Código Penal hondureño, el tráfico de drogas puede ser sancionado con 7 a 10 años de prisión cuando se trate de sustancias que causen grave daño a la salud, además de una multa de entre 100 y 500 días.
Cuando concurren circunstancias agravantes contempladas en la legislación, la pena puede aumentar hasta 10 a 15 años de prisión, acompañada de una multa de entre 300 y 500 días.
La calificación definitiva del delito y la eventual pena dependerán de los hechos que logre acreditar el Ministerio Público y de la decisión que adopte el órgano jurisdiccional correspondiente.
