Destapan c*gadero de corrupción del gobierno anterior
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La Comisión Técnica Liquidadora informó este miércoles sobre una serie de irregularidades en la administración anterior, tras detectar anomalías en la compra, registro y utilización de bienes tecnológicos, así como incrementos en gastos de combustible y servicios durante el periodo electoral. Los hallazgos fueron revelados en Tegucigalpa por el coordinador de la comisión, abogado Ángel Antonio Mendoza, quien explicó que la revisión busca determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales y trasladar la información a los órganos contralores y al Ministerio Público.
Mendoza detalló que el proceso de auditoría continúa con una revisión exhaustiva de activos adquiridos por instituciones del Estado que, pese a haber sido comprados, no fueron incorporados correctamente en los sistemas oficiales de registro.
Entre los principales hallazgos, la comisión señaló la adquisición masiva de computadoras y equipos tecnológicos sin una justificación clara sobre su necesidad operativa.
Según lo informado, se detectaron casos donde empleados públicos tenían asignados simultáneamente equipos de escritorio y laptops, situación que generó cuestionamientos sobre la distribución y uso de los recursos.
Además, la comisión indicó que algunos dispositivos habrían sido utilizados fuera del horario laboral para actividades de carácter político, un aspecto que será incluido dentro de la investigación correspondiente.
También se identificaron gastos relacionados con alquiler de impresoras y aumentos en alimentación que, según la revisión preliminar, no estarían vinculados con actividades oficiales.
Otro de los puntos señalados por la Comisión Técnica Liquidadora es el incremento significativo en el consumo de combustible durante los meses previos y posteriores al proceso electoral.
Mendoza explicó que se analiza la falta de relación entre el aumento del gasto y el uso de la flota vehicular institucional, por lo que se busca establecer si existió una utilización irregular de los recursos públicos.
Las anomalías fueron encontradas principalmente en áreas de planificación estratégica, unidades administrativas y programas como Red Solidaria y Proasol, donde se concentraba parte de la ejecución presupuestaria.
El coordinador de la comisión afirmó que todos los documentos recopilados serán remitidos a las instituciones correspondientes para determinar si existen responsabilidades legales.
“La información recopilada será trasladada a los órganos contralores y al Ministerio Público para establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales”, explicó Mendoza.
Asimismo, indicó que se desarrolla una auditoría integral para identificar qué procesos fueron pagados, cómo fueron ejecutados y cuáles no cuentan con respaldo legal, estos últimos no serían reconocidos para pago.
La comisión también trabaja en el cierre administrativo de procesos pendientes desde 2022, con acompañamiento de organismos como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Finalmente, Mendoza reiteró que el trabajo de la comisión es de carácter técnico y basado en evidencia documental, por lo que los hallazgos serán entregados a las autoridades competentes sin emitir conclusiones anticipadas.
