Ordenan capturar al embajador de Guatemala en Honduras
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El nombre de Marco Livio Díaz, quien durante años fue considerado el principal rostro de la lucha contra la evasión fiscal en Guatemala, vuelve a sacudir la escena política y diplomática centroamericana tras conocerse que existe una orden de captura vigente en su contra.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso judicial, la medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Lavado de Dinero del Ministerio Público de Guatemala, que lo investiga por los supuestos delitos de lavado de dinero y peculado por sustracción relacionados con convenios suscritos durante su gestión al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El caso ha provocado fuertes repercusiones tanto en Guatemala como en Honduras, debido a que Díaz actualmente funge como embajador guatemalteco acreditado en territorio hondureño.
Marco Livio Díaz asumió la jefatura de la SAT el 14 de abril de 2020, convirtiéndose rápidamente en una figura pública reconocida por el cumplimiento de metas de recaudación y su cercanía con el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.
Su momento de mayor notoriedad ocurrió en agosto de 2024, cuando presentó públicamente la denominada red B410, una estructura integrada por más de 400 empresas señaladas de defraudar al Estado guatemalteco por más de 300 millones de quetzales.
Sin embargo, el funcionario pasó de liderar investigaciones contra estructuras de corrupción a convertirse en objeto de pesquisas judiciales. En diciembre de 2024, el Ministerio Público abrió investigaciones en su contra por presunta extorsión y tráfico de influencias, además de realizar allanamientos en una firma auditora vinculada a familiares del entonces funcionario.
Tras desaparecer temporalmente del escenario público, Díaz reapareció meses después como diplomático. La expresidenta hondureña Xiomara Castro recibió sus Cartas Credenciales el 21 de octubre de 2025, oficializando así su nombramiento como embajador de Guatemala en Honduras.
Hasta el momento, las autoridades guatemaltecas no han brindado mayores detalles sobre el avance del proceso judicial ni sobre posibles acciones diplomáticas relacionadas con el caso.
