Se está moviendo la mano peluda en caso Pandora II y CNA le hecha la culpa a JOH
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, advirtió este lunes sobre la fragilidad institucional que, a su juicio, existe en Honduras, tras la polémica por las supuestas amenazas atribuidas al expresidente Juan Orlando Hernández contra representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) durante una audiencia del caso Pandora II.
Castellanos sostuvo que el problema no debe analizarse únicamente por las palabras pronunciadas en los tribunales, sino por la posibilidad de que figuras que acumularon poder político continúen generando temor o influencia incluso después de dejar el cargo.
La directora del CNA señaló que las instituciones deben poder cumplir sus funciones sin miedo a represalias, especialmente cuando investigan o representan al Estado frente a personas con poder político o económico.
Según Castellanos, permitir conductas de intimidación sin una respuesta institucional puede debilitar el Estado de derecho y enviar un mensaje negativo a otros funcionarios encargados de impulsar procesos judiciales.
El pronunciamiento surgió después de que el procurador general, Dagoberto Aspra, denunciara que Hernández habría intimidado a representantes de la PGR durante una audiencia.
Entre las expresiones atribuidas al exmandatario figuran “mírame a los ojos”, “a vos te voy a dar una lección” y posteriormente “cuídense”.
Ante la situación, Aspra anunció que asumirá personalmente la representación del Estado en la audiencia inicial del 12 de agosto, argumentando que no expondrá a funcionarios jóvenes de la institución.
Hernández rechazó las acusaciones y aseguró que sus intervenciones estuvieron dentro de su derecho de defensa.
El exmandatario presentó un audio de la audiencia y afirmó que la grabación demostraría que no hubo amenazas ni actos de intimidación. También cuestionó que, de haber ocurrido una amenaza, ninguno de los presentes hubiera presentado una objeción inmediata.
Hernández sostiene que sus señalamientos estuvieron relacionados con lo que considera una persecución política y con su exigencia de que el proceso se desarrolle de manera objetiva e imparcial.
Pese a la negativa de Hernández, Dagoberto Aspra mantiene sus señalamientos y asegura que existen testigos de lo ocurrido durante la audiencia.
El procurador también ha defendido la participación de la PGR en el proceso por el supuesto perjuicio económico causado al Estado y adelantó que continuará solicitando que Hernández sea vinculado al proceso.
Castellanos advirtió que la democracia requiere que todas las personas, sin importar el cargo que hayan ocupado, estén sometidas a las mismas reglas y que ningún antiguo centro de poder pueda condicionar el trabajo de las instituciones.
