Se le están acabando los privilegios a Murray Farmer: Juez elimina arresto domiciliario
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Un juez natural hondureño resolvió retirar la medida de arresto domiciliario al ciudadano estadounidense Murray Paul Farmer, acusado en un sonado caso de presunto fraude contra el Estado de Honduras, aunque deberá cumplir nuevas restricciones mientras continúa la audiencia inicial programada para el próximo 25 de mayo.
La información fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, quien detalló que la defensa del ciudadano norteamericano solicitó una revisión de medidas cautelares durante la continuación de la audiencia.
Según la resolución judicial, Farmer ya no permanecerá bajo arresto domiciliario; sin embargo, el juez le impuso cuatro nuevas medidas: prohibición de salir del país, vigilancia permanente de su equipo de defensa con informes quincenales, firma obligatoria en el reloj biométrico de la Corte Suprema de Justicia y el depósito de una caución de 100 mil dólares a favor del Estado.
El caso forma parte de una compleja investigación relacionada con presuntos actos de fraude y pagos millonarios irregulares vinculados a contratos otorgados tras el paso del huracán Mitch en el año 2000.
De acuerdo con el Ministerio Público, la empresa estadounidense DRC Inc. obtuvo un contrato financiado con cooperación internacional pese a no estar autorizada para operar en Honduras, y posteriormente habría subcontratado de manera irregular a la Empresa Nacional de Ingenieros (NAINSA).
Las investigaciones también involucran a varios exfuncionarios y profesionales del derecho, entre ellos el exsecretario de Sedecoas, Nelson Márquez; la excoordinadora gubernamental Martha Doblado; la exdirectora legal Eva María Vásquez Villanueva; el abogado Juan Fernando Madrid Lezama; y el exfuncionario de la Procuraduría General de la República, Héctor Alvarado Mejía.
Según el requerimiento fiscal, años después de que el cooperante internacional cancelara la ayuda por inconsistencias detectadas en el contrato, las empresas involucradas promovieron demandas basadas en un supuesto laudo arbitral que nunca habría sido homologado por la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía sostiene además que en 2020 se promovieron acuerdos extrajudiciales para efectuar pagos millonarios al margen de los procesos judiciales, mientras jueces y funcionarios presuntamente continuaron autorizando desembolsos pese a conocer irregularidades en el caso.
Las autoridades judiciales continuarán desarrollando la audiencia inicial el próximo 25 de mayo, mientras el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones sobre este caso que involucra presunto fraude contra el Estado hondureño.
