Apenas llegue JOH a Honduras hay que meterlo preso
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó este jueves que el expresidente Juan Orlando Hernández puede regresar a Honduras como cualquier ciudadano, pero advirtió que será el Ministerio Público la institución encargada de determinar si existen elementos suficientes para emprender acciones legales en su contra, ante su retorno previsto para el próximo 26 de julio.
Castellanos explicó que el CNA ya presentó una denuncia contra el exmandatario relacionada con una presunta red de corrupción, por lo que corresponderá a la Fiscalía analizar la documentación entregada y decidir si procede iniciar un proceso judicial.
La titular del organismo anticorrupción recordó que la información recopilada durante las investigaciones fue entregada primero en Washington y posteriormente remitida al Ministerio Público de Honduras para que continúe con las diligencias correspondientes.
“Nosotros denunciamos al expresidente Hernández mediante un mecanismo de investigación sobre una red de corrupción. Entregamos toda la información del gobierno del expresidente Juan Orlando al Ministerio Público; por ende, será la Fiscalía la responsable de darle continuidad a nuestras investigaciones y presentar un requerimiento fiscal si así lo puede justificar”, manifestó Castellanos.
La directora del CNA insistió en que cualquier decisión sobre un eventual proceso penal contra el exgobernante corresponde exclusivamente al Ministerio Público, institución que deberá valorar las pruebas existentes y determinar si cumplen con los requisitos legales para presentar acciones ante los tribunales.
Asimismo, señaló que Juan Orlando Hernández tiene el derecho constitucional de ingresar al territorio hondureño como cualquier ciudadano, pero recalcó que ese derecho no impide que las autoridades competentes actúen si encuentran indicios que ameriten una investigación o un proceso judicial.
El regreso del expresidente ocurre en medio de la expectativa política y judicial, luego de que el CNA reiterara que mantiene documentación relacionada con investigaciones sobre presuntos actos de corrupción durante su administración.
