!Otro carretillazo! Se perdieron 38 millones en la administración de Libre
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La Comisión Técnica Liquidadora denunció este lunes presuntas irregularidades en el manejo de 38 millones de lempiras destinados al programa de apoyo a migrantes retornados “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa”, señalando que los fondos habrían sido retirados en efectivo desde Banadesa mediante cheques cobrados por exempleados vinculados a la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre), encabezado por la expresidenta Xiomara Castro, con el objetivo de ser entregados a beneficiarios que no han sido plenamente identificados.
Según explicó el miembro de la Comisión Técnica Liquidadora, Mario Celín Simón Perla, los recursos fueron manejados mediante retiros en efectivo de grandes sumas, que iban desde 250 mil hasta un millón de lempiras, hasta completar el monto total de los 38 millones, dinero que supuestamente debía ser entregado a hondureños retornados desde el extranjero como parte del programa social.
El esquema consistía en que distintos empleados se presentaban con cheques en Banadesa para retirar el efectivo, el cual posteriormente era trasladado a diferentes regiones del país, incluyendo la Costa Norte y San Pedro Sula, donde se realizaría la entrega a los supuestos beneficiarios.
Sin embargo, las investigaciones revelan que al cruzar los listados oficiales de migración con los registros de entrega del bono, muchas personas que recibieron los fondos no aparecen como migrantes retornados, lo que ha encendido las alarmas sobre el posible desvío de los recursos públicos.
“¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿A quién se les entregó? ¿Por qué se les entregó?”, cuestionó Simón Perla, quien además señaló que algunos fondos podrían haber sido utilizados incluso para fines políticos, incluyendo financiamiento de campañas de candidatos a diputados en el departamento de Cortés, una acusación que agrava aún más la polémica.
De acuerdo con la denuncia, varios de los responsables de retirar el dinero eran exempleados de la desaparecida Sedesol, lo que ha motivado nuevas líneas de investigación en coordinación con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) para determinar responsabilidades y el destino final de los recursos.
La Comisión también advirtió sobre inconsistencias en otras áreas del Estado, incluyendo la pérdida de documentos, discos duros extraviados y millonarios presupuestos en instituciones ya intervenidas, lo que ha abierto un amplio frente de investigación sobre el manejo de fondos públicos en administraciones recientes.
Las autoridades aseguraron que continuarán con las diligencias para esclarecer el caso y establecer si existió una red de corrupción que desvió recursos destinados a población vulnerable.
