Otra vez no pagaron el bono y otra vez se malearon los transportistas
SAN PEDRO SULA, CORTÉS. — El sector transporte de Honduras analiza convocar a un paro nacional ante la falta de resultados de la Ley Antiextorsión y el retraso en el pago del bono compensatorio, según advirtió este martes el dirigente de la zona norte, Nelson Fernández, quien aseguró que la creciente presión de las estructuras criminales mantiene al gremio al borde del colapso y podría provocar nuevas medidas de protesta en todo el país.
“Se está gestando un paro a nivel nacional. Esto nos está poniendo de rodillas; cada día es peor la situación”, declaró Fernández, al señalar que los transportistas continúan enfrentando graves dificultades para operar debido a las amenazas y cobros extorsivos.
El dirigente afirmó que el problema, lejos de disminuir, se ha agravado con la aparición de más grupos dedicados a la extorsión, situación que, según sus declaraciones, afecta tanto a los trabajadores del transporte como a la población que utiliza diariamente este servicio.
“Ya no son dos o tres grupos como antes, ahora son seis o siete grupos y eso está dañando a la población”, sostuvo.
Ante este escenario, representantes del transporte de diferentes regiones del país sostuvieron una reunión virtual para analizar las medidas que podrían adoptar durante los próximos días.
Fernández explicó que una de las propuestas consiste en celebrar una reunión nacional, posiblemente en Siguatepeque, donde los dirigentes evaluarían la situación y determinarían si finalmente se convoca a una paralización nacional del transporte.
El dirigente también reclamó el incumplimiento en el pago del bono compensatorio que el Gobierno entrega al sector para contribuir al sostenimiento del servicio público.
Según Fernández, este beneficio representa un compromiso adquirido por el Estado para respaldar la operación del transporte y evitar que los problemas económicos terminen trasladándose directamente a los usuarios.
Los transportistas esperan que las autoridades atiendan sus reclamos relacionados con la extorsión y el pago del bono compensatorio antes de que se adopten medidas de mayor impacto.
Mientras tanto, el sector mantiene bajo análisis la posibilidad de realizar acciones de presión que, de concretarse, podrían tener repercusiones en diferentes regiones de Honduras y afectar la movilidad de miles de ciudadanos.
La amenaza de un paro nacional vuelve a colocar sobre la mesa la preocupación por la seguridad del transporte público y la efectividad de las estrategias implementadas para combatir la extorsión, un delito que, según los dirigentes del gremio, continúa golpeando con fuerza a quienes dependen de este servicio para trabajar y movilizarse.
