¡Corrupción a más no poder! Educación en tremendo escandalo de robo al Estado
CORTÉS, HONDURAS. — La Dirección Departamental de Educación de Cortés, bajo la gestión de nuevas autoridades, denunció este jueves un presunto esquema de corrupción que incluiría contrataciones irregulares, pagos indebidos y manejo político de plazas, favoreciendo a familiares de diputados del partido Libre, tras una revisión interna que evidenció anomalías en nombramientos realizados entre 2024 y 2025.
El director departamental, Rafael Eduardo Rodríguez, explicó que múltiples personas habrían estado contratadas sin cumplir funciones, detectándose inconsistencias en los registros de asistencia y sistemas de control laboral, lo que llevó a la cancelación de contratos el pasado 23 de marzo.
Entre los casos señalados, Rodríguez mencionó a María de la Cruz Gómez, madre de la diputada Scherly Arriaga, quien figuraba en el área de gerencia administrativa, pero que —según las investigaciones— solo se presentaba a cobrar su salario sin desempeñar labores. Esta situación fue corroborada mediante libros de asistencia y sistemas biométricos, donde no existen registros de su presencia.
El funcionario también indicó que dentro de los hallazgos aparecen vínculos con el diputado Edgardo Casaña, quien tendría familiares nombrados en la institución, así como con la diputada Rita Zúniga, señalada de haber facilitado el ingreso de personas cercanas o afines al sistema educativo.
Según las estimaciones preliminares, este presunto esquema habría generado un desfalco mensual de entre 20 y 25 millones de lempiras, lo que evidencia la magnitud del problema dentro del sector educativo.
El caso ya fue remitido a instancias como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas, con el fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen responsabilidades penales y administrativas.
Las autoridades aseguraron que continuarán con auditorías internas para esclarecer el alcance total de estas irregularidades, en un escándalo que sacude la institucionalidad educativa y pone en entredicho la transparencia en el manejo de recursos públicos en Honduras.
