Comisión Permanente: Kritza Pérez quiere defender lo indefendible
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La diputada de Libertad y Refundación (Libre), Kritza Pérez, salió este viernes en defensa de los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, al afirmar que las diligencias prejudiciales impulsadas por el Ministerio Público (MP) podrían «criminalizar el voto de un diputado». Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía no se centran en el sentido del voto de los congresistas, sino en la presunta comisión de delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas, traición a la patria y otros ilícitos contra la administración pública, relacionados con las actuaciones de la cuestionada Comisión Permanente.
Pérez sostuvo que las acciones del Ministerio Público representan una amenaza para la independencia de los poderes del Estado y defendió que quienes integraron la Comisión Permanente «no cometieron ningún delito», argumentando que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas durante la sesión del pleno legislativo del 8 de enero.
No obstante, el planteamiento de la legisladora ha generado cuestionamientos, ya que la investigación del Ministerio Público no busca determinar si un diputado votó a favor o en contra de un decreto, sino establecer si los integrantes de la Comisión Permanente ejercieron atribuciones que legalmente no les correspondían y si, con esas actuaciones, incurrieron en conductas tipificadas en el Código Penal.
La diputada insistió en que se pretende «criminalizar el voto», una postura que desvía el debate del fondo de las investigaciones, centradas en la legalidad de las decisiones adoptadas por la Comisión Permanente y no en la libertad de conciencia de los legisladores al momento de emitir su voto.
Asimismo, Pérez confirmó que los implicados están compareciendo mediante sus apoderados legales, quienes han solicitado documentación y presentado recursos dentro del proceso. Aunque dijo confiar en que las instituciones actuarán conforme a la ley, reconoció que existe la posibilidad de que las diligencias desemboquen en la presentación de requerimientos fiscales.
En contraste, el abogado y analista Kenneth Madrid consideró que las actuaciones del Ministerio Público apuntan a construir expedientes sólidos antes de presentar acusaciones formales. A su juicio, el Código Procesal Penal exige una actividad probatoria mínima, requisito que, según afirmó, podría estarse configurando con las diligencias actualmente en desarrollo.
Madrid añadió que, tras analizar las actuaciones de la exComisión Permanente, existen indicios de que sus integrantes habrían asumido facultades ajenas a sus competencias constitucionales, por lo que respaldó que el Ministerio Público continúe recopilando pruebas para determinar si existen responsabilidades penales.
La investigación permanece en una etapa preliminar y será el Ministerio Público, con base en las pruebas que logre recabar, el que determine si presenta requerimientos fiscales contra los exintegrantes de la Comisión Permanente, mientras corresponde a los tribunales establecer la existencia o no de responsabilidad penal.
