Johel Zelaya se está c*gando del miedo: Quiere escapar del MP y no puede
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Ministerio Público (MP) solicitó ante un juzgado especializado una diligencia prejudicial para realizar el vaciado de dos líneas telefónicas utilizadas por el exfiscal general Johel Antonio Zelaya Álvarez, como parte de las investigaciones que mantiene en su contra. La medida, conocida este viernes, busca obtener información que pueda incorporarse al expediente investigativo y fortalecer las indagaciones en curso, sin que hasta el momento exista un requerimiento fiscal o una acusación formal.
Según la información que ha trascendido, la petición del Ministerio Público incluye el nombramiento de un perito especializado, quien será el encargado de extraer el contenido de ambos dispositivos telefónicos utilizados por el exfuncionario.
Las autoridades señalaron que esta diligencia corresponde a una fase preliminar de investigación, cuyo objetivo es asegurar posibles elementos de prueba antes de determinar si existen méritos para presentar una acción penal.
De acuerdo con las investigaciones, Johel Zelaya enfrenta dos líneas de investigación. La primera está relacionada con la presunta autorización de contratos y nombramientos de personal que, según las indagaciones, habrían sido firmados después de que se iniciara el proceso de juicio político en su contra.
La segunda investigación está vinculada con los hechos que motivaron su destitución como fiscal general, por lo que el Ministerio Público también solicitó al Congreso Nacional la remisión de los expedientes relacionados con ese procedimiento para incorporarlos a las diligencias.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que en las próximas horas podría realizarse la juramentación del perito encargado del vaciado telefónico, mientras que la defensa del exfiscal general tendría previsto comparecer para conocer el contenido del expediente.
Tras haber sido destituido el 25 de marzo de 2026 mediante un juicio político, Johel Zelaya Álvarez dejó de gozar de las prerrogativas procesales reservadas para altos funcionarios del Estado. En consecuencia, las actuaciones judiciales son conocidas por los juzgados en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, como ocurre con cualquier ciudadano sometido a investigación.
De manera preliminar, también se informó que las diligencias son dirigidas por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, integrada por fiscales especializados en el combate a la corrupción y la criminalidad organizada.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha presentado una acusación formal contra el exfiscal general, por lo que las actuaciones corresponden únicamente a la etapa de investigación, en la que las autoridades continúan recopilando elementos para determinar si existen responsabilidades penales.
