Maras y pandillas son responsables del 60% de los homicidios en Honduras
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, reconoció este martes en Tegucigalpa que la reducción de los índices de violencia y homicidios en Honduras sigue siendo un desafío complejo para el Estado, al tiempo que informó nuevas estrategias de intervención territorial y coordinación interinstitucional impulsadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para combatir las estructuras criminales que operan en el país.
Velásquez explicó que durante una reciente sesión del CNDS, integrado por representantes de los poderes del Estado, el Ministerio Público y las secretarías de Seguridad y Defensa, se definieron nuevas líneas de acción de corto y mediano plazo, enfocadas en una intervención focalizada en los territorios con mayor incidencia criminal.
El funcionario atribuyó a las pandillas y maras la responsabilidad de más del 60 % de los homicidios y más del 70 % de otros delitos violentos, incluyendo extorsión, narcomenudeo y masacres, y señaló además que existen conexiones entre carteles de Colombia y México con estructuras criminales hondureñas.
Asimismo, confirmó que la reciente masacre registrada en La Lima, Cortés, estaría vinculada a actividades de pandillas, mientras anunció que esta semana se esperan capturas y avances investigativos en los casos de las masacres ocurridas en Trujillo y Corinto.
Velásquez destacó que el Estado enfrenta limitaciones presupuestarias, ya que parte de los más de 13 mil millones de lempiras asignados a Seguridad para 2026 ha sido destinado al pago de deudas heredadas, aunque el CNDS autorizó recursos adicionales para fortalecer las capacidades operativas.
Como parte de la nueva estrategia, se anunció la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), con el objetivo de mejorar la coordinación entre instituciones y optimizar el uso de recursos mediante análisis de datos y focalización geográfica.
El ministro concluyó que la violencia no es uniforme en el país y que la estrategia oficial será intervenir directamente en los territorios con mayor incidencia delictiva, reiterando el compromiso del Gobierno de avanzar hacia un nuevo modelo de seguridad más proactivo y coordinado.
