POLITICA

Transportistas quieren el pisto que Libre les debe por la chambonada en las elecciones primarias  

TEGUCIGALPA, HONDURAS. –  El empresario del transporte Carlos Fonseca denunció este jueves que el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene una deuda de 37 millones de lempiras con este rubro por los servicios de movilización prestados durante las elecciones primarias, una situación que, según afirmó, ha colocado a su empresa al borde de la quiebra debido a los compromisos financieros adquiridos y los retrasos en los pagos.

Fonseca manifestó que la falta de cancelación por parte del organismo electoral representa una fuerte presión económica para las empresas que participaron en el traslado de material durante el proceso electoral.

“Esta es una situación que realmente nos ha tenido al borde de la quiebra, una situación bastante difícil para nosotros como empresa”, expresó el empresario al referirse a la crisis que enfrenta el sector.

Detalló que actualmente enfrenta un costo financiero de aproximadamente 64 millones de lempiras, además de otros compromisos adquiridos para cumplir con los servicios requeridos durante las elecciones.

El empresario lamentó que el proceso legal para reclamar el pago pendiente ante el CNE ha representado gastos adicionales y señaló que considera que la problemática tiene un trasfondo político.

Fonseca aseguró que durante el año anterior fue víctima de persecución política por su afiliación al Partido Nacional, situación que, según explicó, complicó aún más el escenario relacionado con el pago de los servicios brindados.

El transportista también recordó que fue señalado por el Ministerio Público debido al retraso en la entrega del material electoral durante los comicios primarios, una acusación que, afirmó, terminó afectando la posibilidad de que el CNE concretara el pago correspondiente.

Sobre los señalamientos realizados en su contra, Fonseca reconoció que las empresas utilizaron autobuses en lugar de camiones, como establecía inicialmente el contrato, pero aseguró que estos vehículos fueron empleados exclusivamente para cumplir con el traslado del material electoral.

El empresario sostuvo que el servicio fue prestado y que el material fue movilizado para garantizar el desarrollo del proceso electoral, por lo que insiste en que el pago pendiente debe ser solventado.

Mientras tanto, el sector transporte continúa a la espera de una respuesta del organismo electoral para resolver la deuda acumulada y evitar mayores afectaciones económicas a las empresas involucradas.

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