Lo atraparon en la movida con todo y papeles falsos

CORTÉS, HONDURAS. – La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) logró este jueves una condena por usurpación de funciones contra Marco Tulio Paniagua Rivera, exempleado del Poder Judicial, quien fue declarado responsable de ejercer atribuciones que no le correspondían mientras trabajaba como técnico de video en el Juzgado de lo Civil de San Pedro Sula. La sentencia fue dictada mediante procedimiento abreviado tras una investigación iniciada por presuntas irregularidades en un intento de desalojo ocurrido en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, en 2024.
De acuerdo con el expediente del caso, Paniagua Rivera habría realizado funciones ajenas a su cargo dentro de una diligencia judicial, situación que derivó en la acusación presentada por el Ministerio Público y posteriormente en la resolución condenatoria emitida por un tribunal competente.
Sin embargo, el exempleado judicial aún deberá enfrentar otro proceso penal, ya que también fue acusado por los delitos de cohecho pasivo propio y uso de documentos públicos falsos, cargos que fueron formalizados durante la audiencia preliminar.
La investigación de la FETCCOP comenzó el 12 de octubre de 2024, luego de detectar supuestas irregularidades relacionadas con un procedimiento de desalojo en una propiedad ubicada en el municipio de Santa Cruz de Yojoa. Según las indagaciones, varias personas habrían coordinado acciones para utilizar documentación presuntamente irregular con el objetivo de ejecutar una diligencia sin el respaldo legal correspondiente.
Dentro del mismo caso también figuran otros exempleados judiciales señalados por el Ministerio Público. Uno de ellos, quien se desempeñaba como receptor de tribunales, enfrenta acusaciones por cohecho pasivo propio, usurpación de funciones públicas y uso de documentos públicos falsos.
Asimismo, un motorista de la institución fue acusado por cohecho pasivo propio y malversación por aplicación oficial diferente, mientras que un abogado fue requerido por la justicia por delitos relacionados con tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido, cohecho cometido por particular, falsificación y uso de documentos públicos falsos continuados.
Las autoridades informaron que las capturas vinculadas al caso se realizaron en el mismo lugar donde presuntamente se pretendía ejecutar el desalojo cuestionado, mientras continuaban las diligencias investigativas para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
El proceso judicial continuará su curso ante el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en San Pedro Sula, donde los acusados deberán responder por los señalamientos presentados por la Fiscalía.








