Trompada directo en la jeta de la OABI: Ordenan devolución de bienes incautados
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Juzgado de Privación de Dominio ordenó este lunes a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) la devolución total de los bienes asegurados en la Operación Aurora, luego de que la defensa de los afectados acreditara la procedencia legal de las propiedades y recursos financieros decomisados durante un operativo ejecutado por el Ministerio Público en 2022.
La resolución judicial fue confirmada por el abogado Omar Dubón, apoderado legal de los afectados, quien explicó que el fallo establece la restitución inmediata de los bienes pertenecientes a Pedro Fiallos, Rafael Fiallos Molina y Rony Alexis Caballero, quienes fueron vinculados en las investigaciones que dieron origen al aseguramiento.
“Se demostró y se justificó la adquisición legal de todos los bienes. El Juzgado de Privación de Dominio ordenó a la OABI la devolución inmediata”, afirmó Dubón.
El profesional del derecho señaló que sus representados sufrieron daños en su imagen y perjuicios económicos luego de que sus bienes fueran decomisados tras una denuncia anónima, por lo que consideró que la resolución judicial representa un reconocimiento de que no existían fundamentos para mantener las medidas aplicadas.
Entre los bienes que deberán ser entregados nuevamente figuran sociedades mercantiles, viviendas, vehículos y productos financieros, incluyendo cuentas de ahorro que habían quedado bajo administración de la OABI.
La Operación Aurora fue ejecutada por el Ministerio Público en mayo de 2022 y contempló el aseguramiento de bienes que, según las autoridades en ese momento, estarían relacionados con una supuesta estructura criminal vinculada a hondureños extraditados hacia Estados Unidos.
Los aseguramientos se realizaron en los departamentos de Copán, Lempira, Cortés e Intibucá, donde fueron intervenidos diversos activos mientras avanzaban las investigaciones.
Con la nueva resolución, la OABI deberá iniciar el proceso para entregar los bienes a sus propietarios, mientras la defensa sostiene que quedó demostrada la legalidad del patrimonio cuestionado.
