MP pone contra la pared a la Comisión Permanente
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Ministerio Público presentó este jueves diligencias prejudiciales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la investigación que involucra al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros exintegrantes de la Comisión Permanente, por presuntos delitos relacionados con abuso de autoridad, violación de deberes funcionarios, usurpación de funciones públicas y traición a la patria, debido a decisiones tomadas durante el período legislativo anterior que son objeto de cuestionamientos legales.
Las acciones fueron solicitadas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), como parte de una etapa investigativa en la que se busca recopilar pruebas, juramentar peritos y realizar extracción de documentos bajo los protocolos de cadena de custodia.
Entre las diligencias solicitadas figura la autorización para que un perito analice el video de la sesión del Congreso Nacional del 8 de enero, fecha en la que, según explicó el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, Luis Redondo habría manifestado que el Legislativo realizaría un conteo de votos de las elecciones, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había emitido la declaratoria oficial.
“Él (Redondo) dijo en esa sesión que el Congreso Nacional realizara el conteo de las elecciones, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral ya había dado la declaratoria oficial”, explicó Mora.
El expediente ya cuenta con un juez natural designado por el pleno de magistrados de la CSJ, quien será el encargado de conocer las actuaciones relacionadas con los funcionarios y exfuncionarios señalados.
Además de Luis Redondo, la investigación incluye a los diputados Luz Angélica Smith, Hugo Noé Pino, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga, Osman Chávez, Edgardo Casaña, Juan Barahona, Carlos Raudales y Fabricio Sandoval.
Las autoridades analizan si las actuaciones de la denominada Comisión Permanente del Congreso Nacional, integrada durante la gestión de Redondo, pudieron exceder las facultades establecidas en la Constitución de la República y las leyes hondureñas.
La comisión estuvo conformada por nueve diputados propietarios y cuatro suplentes, varios de los cuales continúan actualmente ejerciendo cargos dentro del Poder Legislativo.
La instalación y funcionamiento de la Comisión Permanente generó una fuerte controversia política desde su creación, debido a cuestionamientos de sectores opositores que consideran que algunas de sus actuaciones pudieron representar una concentración de atribuciones fuera del período ordinario del Congreso.
Ahora, con las diligencias prejudiciales, el Ministerio Público busca determinar si existen elementos suficientes para avanzar en un proceso judicial contra los señalados.
El caso vuelve a colocar bajo presión al liderazgo de Luis Redondo y abre nuevamente el debate sobre los límites del poder legislativo, la separación de funciones del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos al tomar decisiones de alto impacto nacional.
