La paja de la “persecución política” no sirve: Ni Dios salva a la Comisión Permanente
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El abogado Jaime Rodríguez aseguró que los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, entre ellos el expresidente del Legislativo Luis Redondo, no podrán argumentar persecución política si el Ministerio Público (MP) continúa las investigaciones en su contra mediante el procedimiento legal establecido. Sus declaraciones surgen luego de que la Fiscalía solicitara diligencias prejudiciales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por presuntas irregularidades cometidas durante actuaciones de ese órgano legislativo.
Rodríguez afirmó que el Ministerio Público está actuando de manera correcta al recurrir ante un juez natural, mecanismo que, según explicó, garantiza el respeto al debido proceso y evita que los investigados puedan alegar posteriormente ilegalidades en las actuaciones fiscales.
“No podrán alegar persecución política, ni decir que las diligencias fueron ilegales o ilícitas”, manifestó el profesional del derecho, al señalar que los señalados tienen la oportunidad de comparecer ante la Fiscalía, nombrar abogados defensores y participar en las diligencias correspondientes.
El abogado sostuvo que quienes no hayan cometido ningún delito no deberían tener temor ante el avance de las investigaciones.
“El que no la debe, no la teme. Si no delinquieron, no deben preocuparse porque no habría forma de vincularlos a un hecho criminal”, expresó Rodríguez.
Asimismo, cuestionó a quienes, según su criterio, habrían utilizado sus cargos para cometer abusos de poder y afectar la institucionalidad democrática del país durante el contexto político y electoral.
Fiscalía investiga actuaciones de la Comisión Permanente
El Ministerio Público mantiene una investigación contra nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional por presuntos delitos relacionados con la administración pública.
Entre los delitos que se analizan figuran abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas, traición a la patria y otros ilícitos.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia autorización para designar un perito especializado que analice los videos correspondientes a la sesión del Congreso Nacional realizada el 8 de enero de 2026.
El análisis de ese material audiovisual forma parte de las acciones orientadas a determinar las circunstancias en que se desarrollaron las actuaciones de la Comisión Permanente y establecer si existieron responsabilidades penales.
Hasta el momento, las diligencias corresponden a una etapa investigativa, por lo que no existe una acusación formal presentada contra los señalados.
