Se salvan de dos cargos, pero van a seguir en juicio por otro más
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción absolvió al exdirector del centro penitenciario “La Tolva”, José Rodimiro Arita, y a su asesor Luis Rodríguez Alvarado de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, al considerar que no se acreditó su participación en esos ilícitos. La resolución fue emitida en Tegucigalpa tras concluir el juicio, debido a la insuficiencia de pruebas presentada por los entes acusadores del Estado. Sin embargo, Arita fue declarado culpable por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Según la resolución leída por los jueces, el fallo absolutorio fue adoptado por unanimidad de votos, al determinar que las pruebas presentadas durante el proceso no fueron suficientes para demostrar la responsabilidad penal de Arita y Rodríguez Alvarado en los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, explicó que, como consecuencia de la absolución, ambos exfuncionarios fueron declarados no culpables y se ordenó su inmediata puesta en libertad.
No obstante, el tribunal encontró responsable a José Rodimiro Arita del delito de violación de los deberes de los funcionarios, al establecer que omitió informar al comité técnico especializado y a las autoridades competentes sobre el ingreso de 445 mil lempiras al centro penitenciario de máxima seguridad conocido como “La Tolva”.
En el mismo proceso judicial, la abogada Diana Zelaya Banegas, tercera implicada en el requerimiento fiscal, fue declarada culpable por el delito de lavado de activos, por lo que continuará recluida en el centro penitenciario femenino mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso.
El tribunal programó para el próximo 4 de agosto la audiencia de individualización de la pena, en la que se determinará la condena que deberá cumplir Zelaya Banegas y la sanción correspondiente para Arita por el delito por el que fue condenado.
El caso se originó tras las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público por el ingreso irregular de 445 mil lempiras al centro penal “La Tolva”, hecho que dio lugar al requerimiento fiscal contra los tres acusados y al desarrollo del proceso judicial.
