Exministro Sánchez mandaba comprar uniformes policiales en bulto
TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una investigación periodística reveló que la Secretaría de Seguridad, durante la gestión del exministro Gustavo Sánchez en el gobierno de Xiomara Castro y el Partido Libertad y Refundación (Libre), adjudicó un contrato por 112.5 millones de lempiras para el suministro de uniformes y accesorios de la Policía Nacional a un establecimiento que opera públicamente como tienda de ropa usada americana, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia, la capacidad operativa de la empresa y el proceso de licitación.
La investigación, publicada por el medio ICN, detalla que el contrato contemplaba la adquisición de 20 tipos de prendas y accesorios policiales, entre ellos pantalones tácticos, camisas, gorras, caponas, distintivos y otros implementos necesarios para el personal policial.
En el proceso participaron cuatro empresas, pero la adjudicación recayó en una oferta de L112.5 millones, pese a que no era la propuesta económica más baja presentada inicialmente.
Según la documentación revisada, la empresa que ofertó aproximadamente L100.8 millones fue declarada inadmisible porque no presentó las muestras requeridas, no subsanó la documentación solicitada y propuso un plazo de entrega diferente al establecido en el pliego de condiciones. Tras esa descalificación, la empresa que opera como tienda de ropa usada quedó como la oferta más baja entre las participantes habilitadas.
No obstante, la investigación también pone bajo la lupa el cumplimiento de los requisitos financieros exigidos por la licitación.
El pliego establecía que los oferentes debían demostrar acceso inmediato a efectivo o líneas de crédito equivalentes al 50 % del valor ofertado, es decir, alrededor de 56 millones de lempiras.
La apertura de ofertas se realizó el 8 de julio de 2025. Posteriormente, la Comisión Evaluadora solicitó aclaraciones sobre la línea de crédito presentada por la empresa adjudicada y la respuesta bancaria fue emitida hasta finales de agosto.
Aunque la legislación hondureña permite solicitar aclaraciones durante un proceso de contratación pública, también establece que estas no deben modificar aspectos sustanciales de las ofertas ni afectar el principio de igualdad entre los participantes, uno de los puntos que ahora genera mayores cuestionamientos.
Durante una visita al establecimiento beneficiado, el equipo periodístico encontró un negocio dedicado a la venta de ropa americana de segunda mano, muebles y otros artículos usados.
En el lugar no se observaron talleres de confección, maquinaria industrial, bodegas de producción, uniformes policiales, botas tácticas, chalecos antibalas, cascos ni distintivos que evidenciaran la fabricación del equipo contratado.
Los investigadores aclaran que esta observación no constituye una prueba de que la empresa carezca de proveedores o maquilas externas para cumplir el contrato. Sin embargo, consideran que sí plantea dudas razonables sobre la estructura operativa con la que ejecutaría uno de los contratos de uniformes policiales más elevados adjudicados en los últimos años.
La investigación también señala que intentó obtener la versión de representantes de la empresa favorecida y de autoridades actuales y anteriores de la Secretaría de Seguridad para conocer detalles sobre la capacidad de producción, la red de proveedores y el proceso de evaluación de la licitación.
Hasta el cierre del reportaje, ninguno de los involucrados había respondido a las solicitudes de información, pese a que, según ICN, los mensajes enviados fueron vistos.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio las contrataciones realizadas durante la administración del exministro Gustavo Sánchez, al tratarse de recursos públicos destinados al equipamiento de la Policía Nacional y por las interrogantes que persisten sobre la legalidad, transparencia y criterios utilizados para adjudicar un contrato multimillonario.
