Maestros mueren del miedo por la extorsión y Educación dice que son pajas
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Mientras la Secretaría de Educación asegura que no ha recibido denuncias oficiales de extorsión en los centros públicos, docentes, colegios privados y organismos de derechos humanos advierten sobre una realidad distinta, marcada por amenazas, desplazamiento de maestros y cierre o reubicación de instituciones educativas en zonas afectadas por el crimen organizado, principalmente en el Distrito Central y San Pedro Sula.
La secretaria de Educación, Arely Argueta, afirmó que no existen denuncias de extorsión contra docentes del sistema público, aunque reconoció que sí se han reportado casos en el sector privado. Ante el contexto de inseguridad, anunció que se coordinarán patrullajes policiales en los alrededores de escuelas y colegios.
Sin embargo, el presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph), Carlos Sabillón, denunció que los grupos criminales estarían extorsionando directamente a los centros educativos como empresas. Según explicó, algunos colegios han tenido que cerrar o trasladarse de un barrio a otro, mientras otros cancelaron sus líneas telefónicas para evitar llamadas de extorsionadores.
La preocupación también fue respaldada por el Conadeh. Su delegado, Ricardo López, informó que durante 2026 unos 553 docentes han denunciado estar en riesgo o haber sido víctimas de desplazamiento forzado debido a la violencia y la extorsión. El organismo pidió al Estado agilizar los traslados de emergencia y reforzar la protección de los maestros amenazados.
Por su parte, la subsecretaria de Educación, Angélica Yaneth Sandres, sostuvo que la institución no cuenta con reportes oficiales de centros educativos bajo amenaza y pidió a los directores presentar denuncias formales por escrito para que las autoridades puedan coordinar acciones de seguridad.
La situación evidencia una brecha entre la versión oficial y las denuncias de los sectores afectados, que coinciden en la necesidad de fortalecer la coordinación entre Educación, Seguridad y otras instituciones para evitar que la violencia y la extorsión sigan provocando el desplazamiento de docentes, el cierre de colegios y afectaciones al año escolar.
