Tremenda asalto sin pistola: Prestamistas te vuelan 120% de interés
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El diputado del Partido Liberal, Yury Sabas, presentó una iniciativa ante el Congreso Nacional para promover una regulación de los intereses cobrados por prestamistas particulares en Honduras, luego de advertir que algunas personas estarían aplicando tasas de hasta 120 % anual, afectando principalmente a trabajadores del sector informal que no tienen acceso al sistema bancario.
SABAS PIDE REUNIR A INSTITUCIONES
La propuesta plantea convocar a representantes de la CNBS, BCH, Ministerio Público, Dirección de Protección al Consumidor, SAR y la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional, con el objetivo de analizar los préstamos otorgados fuera del sistema financiero y establecer parámetros claros para el cobro de intereses.
Sabas también pidió conocer qué mecanismos existen actualmente para proteger a los ciudadanos frente a posibles prácticas de usura y cobros excesivos.
ALERTAN POR INTERESES DE HASTA 120 %
El parlamentario afirmó que algunos prestamistas estarían cobrando entre 60 % y 120 % de interés anual.
“No podemos seguir permitiendo que le cobren intereses del 120 % a la gente porque el 10 % al mes es 120 % al año”, expresó.
Como ejemplo, explicó que una persona que solicite 10,000 lempiras podría terminar pagando hasta 12,000 lempiras solamente en intereses, además de devolver el capital prestado, dependiendo de las condiciones del crédito.
Según el diputado, estas obligaciones pueden agravar la situación económica de las familias que recurren a préstamos informales para cubrir necesidades urgentes.
BUSCAN MAYOR CONTROL
La iniciativa pretende establecer mecanismos para supervisar a quienes se dedican habitualmente a prestar dinero y determinar cuándo los intereses cobrados podrían superar los límites establecidos por la legislación hondureña.
Sabas sostuvo que determinados cobros excesivos podrían constituir usura, dependiendo de las condiciones y los parámetros legales aplicables.
El objetivo final de la propuesta es impulsar un marco regulatorio que brinde mayor claridad a los prestamistas y, principalmente, proteja a las personas que recurren a créditos personales fuera del sistema bancario.
