FISCAL ZELAYA BAJO FUEGO: Denuncias de manipulación electoral y uso político del MP
TEGUCIGALPA. — La suspensión del Fiscal General, Johel Zelaya, tras la admisión de un juicio político por parte del Congreso Nacional, revela un entramado de señalamientos graves que apuntan a negligencia, incompetencia y presunto uso indebido del Ministerio Público en el contexto del proceso electoral 2025.
La denuncia, presentada por un grupo de diputados y sustentada en el artículo 234 de la Constitución y la Ley de Juicio Político, detalla que Zelaya habría incurrido en actuaciones contrarias a la institucionalidad electoral y al Estado de Derecho, afectando directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Entre las acusaciones más graves figuran:
- Intervenciones y citaciones al CNE que habrían retrasado el cronograma electoral.
- Persecución selectiva y promoción de antejuicios contra magistrados y consejeros electorales.
- Divulgación de audios sin cadena de custodia, con acusaciones anticipadas de culpabilidad.
- Uso de medios de comunicación para influir en el proceso electoral.
- Omisiones en investigaciones críticas mientras se aplicaba de forma parcial la acción penal.
Según los diputados mocionantes, estas acciones habrían generado un clima de intimidación, debilitando la autonomía de las instituciones y erosionando la confianza pública en el sistema electoral. Además, se argumenta que Zelaya habría incumplido el artículo 232 de la Constitución, al someterse a presiones externas y permitir el uso político del Ministerio Público.
La denuncia incorpora hallazgos de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que advirtió sobre injerencias políticas y presiones a autoridades electorales, así como intentos de manipulación del proceso y participación de estructuras militares en la logística electoral.
El documento también recuerda otros casos polémicos bajo la administración de Zelaya: la acéfala DLCN, el caso mediático de los “señores de la tercera edad”, los audios del CNE, el narcovideo de Carlos Zelaya, el caso Koriun y el prolongado manejo del caso Chequesol. Todos reflejan, según los críticos, un patrón de omisiones estratégicas y parcialidad en la Fiscalía.
El juicio político contra Zelaya marca un precedente histórico en Honduras, al colocar bajo escrutinio el papel del Ministerio Público en la defensa del orden constitucional y democrático. La suspensión cautelar busca garantizar imparcialidad durante la investigación, aunque no implica condena anticipada.
Lo que sorprendió al país es que, aunque los rumores apuntaban al consejero del CNE Marlon Ochoa, el juicio político se centró en Zelaya, dejando en evidencia que la disputa política no es solo electoral, sino también institucional: un pulso por el control de uno de los cargos más sensibles del Estado.
