Congreso y Gobierno coordinan planes para construir nueva cárcel de máxima seguridad
Zambrano señala que el propósito es fortalecer la seguridad y evitar que criminales sigan dirigiendo delitos desde las cárceles
El INP evaluará terrenos propiedad del Estado antes de definir dónde se construirá la nueva cárcel de máxima seguridad
El régimen de máxima seguridad contempla permanencia prolongada en celdas y restricciones para evitar que se ordenen delitos desde prisión
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y otros miembros del Legislativo se reunieron este martes con autoridades gubernamentales para coordinar los primeros pasos hacia la construcción de una cárcel de máxima seguridad.
En la reunión de trabajo, promovida por el Legislativo, participaron miembros de la junta directiva del Congreso, representantes de las comisiones de Seguridad y Prevención Ciudadana y de Defensa y Soberanía, además de autoridades de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y la Secretaría de Finanzas.
El encuentro, que se prolongó por más de tres horas y media, es el primero tras la aprobación, el lunes, de una moción legislativa que respalda al Poder Ejecutivo en la aplicación del artículo 6 del Decreto 84-2026, relacionado con la búsqueda de recursos para construir nuevos centros penales.
“Cada uno de ellos ha expuesto el plan a seguir para poder llevar a cabo la implementación de esta política criminal del Estado hondureño”, explicó el titular del CN, al referirse a las propuestas presentadas por las instituciones participantes.
IDENTIFICAN TERRENOS Y RECURSOS PARA EL PROYECTO
El director del INP, Walter Mendoza Lacayo, informó que ya se identificaron de tres a cuatro terrenos propiedad del Estado que podrían ser considerados para la obra.
Por ello las autoridades realizarán visitas y estudios para determinar cuál reúne las mejores condiciones y avanzar en el diseño de las instalaciones.
El presidente Zambrano señaló que el Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Finanzas a identificar los fondos necesarios.
Además, indicó que la proyección presentada contempla iniciar la construcción a finales de este año y completar la primera etapa entre ocho y diez meses después del comienzo de las obras, de acuerdo con los plazos técnicos expuestos durante la reunión.
El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, confirmó el compromiso de buscar los recursos para cumplir con el mandato legislativo.
“Hemos asumido un compromiso de poder identificar recursos para poder cumplir con este ordenamiento”, afirmó.
Añadió que el trabajo conjunto también busca fortalecer las capacidades técnicas del INP, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
PREPARAN ESPACIOS PARA CRIMINALES DE ALTA PELIGROSIDAD
Mientras avanza el proyecto, el INP trabaja en la habilitación de módulos para recluir a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad.
En el mismo sentido, el presidente del Legislativo explicó que se prepara capacidad para albergar a un promedio de 1.300 reclusos peligrosos durante los próximos meses.
El régimen anunciado contempla que permanezcan 23 horas y media dentro de sus celdas, con 30 minutos para hacer ejercicio frente a ellas y una hora de exposición al sol por semana.
También incluye restricciones a las comunicaciones y al ingreso de dinero y alimentos, con el propósito de impedir que se ordenen delitos desde prisión.
Mendoza Lacayo explicó que estas medidas buscan proteger a la población y al personal penitenciario.
“Cuando hablamos de un régimen de máxima seguridad, no solo es para que ellos estén confinados y que tengan los horarios que ya se han explicado, sino también para protección de los agentes penitenciarios”, manifestó.
SE QUIERE QUE EXIJAN Y SUPERVISEN
El director del INP reconoció que el fortalecimiento de la infraestructura es un proceso gradual y destacó la importancia de la supervisión.
“Eso queremos. Eso es lo que queremos, que nos exijan y nos supervisen”, expresó, al referirse al acompañamiento de las bancadas y las autoridades.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, señaló que la estrategia debe abarcar desde la investigación y captura de los responsables hasta su reclusión en instalaciones adecuadas.
“No solo (es) poder perseguir y arrestar a los responsables de tanta violencia y criminalidad, sino también coadyuvar para crear las condiciones para que esos criminales paguen por sus delitos”, afirmó.
Velásquez agregó que la Policía Nacional, el Ministerio Público, los jueces y las autoridades penitenciarias cumplen funciones complementarias dentro del sistema de justicia.
También advirtió que las nuevas reformas podrían aumentar la necesidad de espacios para recluir a integrantes de estructuras criminales.
Zambrano reiteró que el Congreso Nacional dará seguimiento a los avances y evaluará los resultados de las medidas.
SE HARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS
«Vamos a estar evaluando los resultados, vamos a estar evaluando cuáles son los avances, vamos a estar evaluando los indicadores y vamos a estar haciendo los ajustes que se necesiten”, señaló.
El presidente del Legislativo pidió a la población respaldar la decisión de las autoridades penitenciarias cuando se determine el lugar de construcción.
Zambrano reconoció que la designación de un municipio o departamento puede generar preocupación, pero sostuvo que el propósito es fortalecer la seguridad y evitar que las estructuras criminales continúen dirigiendo delitos desde las cárceles.
