Congreso endurece penas contra maras, pandillas y terrorismo, incluso con cadena perpetua
Nueva ley eleva las penas por terrorismo de 15 a 20 años a un rango de 30 a 40 años de prisión
El decreto contempla prisión de por vida para cabecillas y otras personas que recluten menores
La normativa busca reforzar la persecución penal, las operaciones de seguridad y el control en los centros penales
“El pueblo hondureño merece vivir sin miedo”, expresa presidente del CN, Tomás Zambrano
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Congreso Nacional aprobó este martes en único debate la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, orientada a reforzar las herramientas legales de las instituciones encargadas de combatir estas estructuras criminales.
La sesión contó con la presencia de autoridades del Poder Judicial, así como de representantes de las instituciones responsables de la seguridad, la investigación criminal y el sistema penitenciario.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó la moción de dispensa de dos debates y afirmó que las reformas buscan respaldar a los operadores de justicia en la lucha contra la delincuencia.
“Desde este Congreso no vamos a descansar hasta que Honduras recupere la paz y la seguridad”, expresó.
El titular del Legislativo explicó que esta es la cuarta reforma en materia de seguridad aprobada en el actual período y señaló que el objetivo es proporcionar herramientas legales a las autoridades y exigir resultados.
CAMBIOS EN LOS PROCESOS Y LAS PENAS
Entre las medidas expuestas por el presidente del Legislativo figura ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar el requerimiento fiscal después de una detención, con el propósito de que esté respaldado por pruebas suficientes.
La reforma también contempla allanamientos como parte de operaciones interinstitucionales, en las que las autoridades coordinarán los lugares y objetivos de las intervenciones.
“No es que van a ir a cualquier casa solo por ir”, explicó Zambrano, al recalcar que los allanamientos deberán responder a operaciones coordinadas y dirigidas contra maras, pandillas y grupos terroristas.
La reforma contempla elevar las penas por terrorismo para los miembros de estos grupos de 15 a 20 años a un rango de 30 a 40 años de prisión.
Para los cabecillas, así como para quienes recluten menores de edad para incorporarlos a estas estructuras, se establece la posibilidad de prisión de por vida.
Además, según lo explicado durante la sesión, las personas condenadas por terrorismo no podrán acceder a beneficios como la libertad condicional o la preliberación y deberán cumplir la totalidad de la pena.
El dictamen incluye disposiciones para reforzar el control penitenciario en condiciones de máxima seguridad, eliminar símbolos alusivos a maras y pandillas en barrios y colonias, y establecer la figura de casa segura en situaciones de legítima defensa dentro de la vivienda.
También se incorporan sanciones relacionadas con ataques contra integrantes de las instituciones de seguridad y justicia.
OPERADORES DE JUSTICIA SE COMPROMETEN A APLICAR LA NORMATIVA
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, manifestó que la institución recibe estas disposiciones como herramientas para fortalecer la prevención y persecución del delito.
“No vamos a dejar ningún espacio para una mala praxis”, afirmó, al referirse al compromiso de aplicar la normativa con rigor y mediante protocolos de actuación coordinada.
El presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso, Kilvett Bertrand, explicó que el dictamen se trabajó junto con la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana y mediante reuniones con representantes de la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
Bertrand sostuvo que las reformas buscan recuperar la tranquilidad de la población y enfrentar delitos como la extorsión.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad, Marcos Paz, pidió el respaldo de los diputados y destacó la importancia de brindar protección legal a los agentes que participan en las operaciones.
Paz también reconoció a los miembros de las fuerzas de seguridad que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.
AUTORIDADES PRESENTES EN LA SESIÓN
Entre las autoridades que acompañaron la discusión estuvieron Wagner Vallecillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Rafael Cano, viceministro de Defensa; Walter Amador Lacayo, director del Instituto Nacional Penitenciario; Alicia Puerto, directora de Fiscales, y Rommel Martínez, viceministro de Seguridad.
También asistieron Rigoberto Oseguera, director de la Policía Nacional; Julio Ruiz, director de la Agencia Nacional contra el Crimen; Carlos Aldana, director de Inteligencia; Luis Rosales, subjefe del Estado Mayor Conjunto, y Selvin Adalí Antúnez Medina, comandante general de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Al cierre de su intervención, el presidente del Congreso Nacional indicó que se solicitarán informes sobre los resultados de la aplicación de las reformas.
“El pueblo hondureño merece vivir sin miedo”, expresó Zambrano, al reiterar que el propósito es que las nuevas herramientas se traduzcan en avances concretos en materia de seguridad.
