Se dieron fiestón en la OABI: Ventas ilegales corrupción y dinero
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Un presunto esquema de corrupción habría permitido trasladar 33 bienes inmuebles pertenecientes al Estado de Honduras a manos privadas mediante escrituras públicas, subastas sin compradores habilitados y supuestas ventas simuladas, según una investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que involucra al exdirector ejecutivo de la OABI, Francisco René Flores.
El abogado Arnold Sánchez, asesor jurídico del CNA, explicó que la operación habría sido ejecutada mediante tres procedimientos para dar apariencia de legalidad a los traspasos de los inmuebles que estaban en comiso y bajo custodia estatal.
El primer paso consistió en utilizar cuatro testimonios de escritura pública que contenían información específica de las propiedades, como números de matrícula, ubicaciones y nombres de los notarios.
«En ningún momento se podría alegar desconocimiento por parte de las autoridades», manifestó Sánchez.
La segunda etapa habría consistido en realizar dos procesos de subasta que, según el CNA, fueron utilizados como fachada para facilitar la inscripción de los bienes en el Instituto de la Propiedad.
Aunque las subastas aparecen como realizadas, la investigación identificó que los supuestos compradores no estaban registrados en la OABI ni presentaron ofertas para adquirir los inmuebles.
¡31 PROPIEDADES HABRÍAN QUEDADO A NOMBRE DE UNA PERSONA!
El tercer paso habría sido la distribución de los 33 bienes mediante ventas simuladas. Según los detalles expuestos por el CNA, 31 inmuebles quedaron a favor de una persona natural, mientras que otras dos viviendas ubicadas en San Pedro Sula fueron adjudicadas a un presunto comprador que actuó en representación de una sociedad mercantil.
El organismo anticorrupción advierte que las propiedades formaban parte del patrimonio estatal por encontrarse en comiso, por lo que su traslado habría ocasionado un perjuicio a los intereses económicos del país.
Sánchez sostuvo que no se trataría de simples errores administrativos, sino de un mecanismo presuntamente establecido para trasladar bienes públicos a terceras personas sin cumplir los requisitos legales.
«No son simples errores administrativos. Este es un esquema en donde se puede apreciar tanto corrupción como un mecanismo ya establecido para trasladar estos bienes inmuebles a terceras personas sin ningún requisito y al margen de la ley», concluyó el abogado.
El caso pone nuevamente bajo cuestionamiento los controles de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la protección de las propiedades que pertenecen al Estado hondureño.
