ONU desconectada de la realidad: Pobrecitos solo quieren asesinar y extorsionar
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó este jueves 12 de noviembre su preocupación por las reformas penales aprobadas en Honduras para combatir el crimen organizado, advirtiendo que los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026 podrían vulnerar el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal. Mientras Naciones Unidas cuestiona las herramientas legales contra las estructuras criminales, miles de hondureños siguen esperando respuestas frente a las extorsiones, los asesinatos y la violencia que azota sus comunidades.
La pregunta es inevitable: ¿con la misma contundencia se pronuncia la ONU por los comerciantes extorsionados, las familias de los asesinados y las víctimas que viven aterrorizadas por los delincuentes?
Honduras conoce demasiado bien el costo de la criminalidad. Hay negocios que cierran por amenazas, familias que entierran a sus seres queridos y ciudadanos que viven con miedo. Sin embargo, cuando el Estado intenta endurecer las medidas contra el crimen organizado, las advertencias internacionales vuelven a concentrarse en las garantías de quienes son investigadoso detenidos.
¡POBRES EXTORSIONADORES, ASESINOS Y VIOLADORES! ¿Y QUIÉN DEFIENDE A LAS VÍCTIMAS?
Parece que en Honduras el debate siempre termina girando alrededor de los derechos de quienes son señalados por cometer delitos, mientras las víctimas siguen esperando justicia.
¿Quién defiende al comerciante que debe entregar su dinero para que no lo maten? ¿Quién habla por las familias que perdieron a sus hijos? ¿Quién exige garantías para las mujeres que sufren violencia?
¿Será que las víctimas también tienen la culpa por no dejarse extorsionar, por resistirse a ser violadas o por no aceptar tranquilamente que las asesinen?
La ONU tiene razón en exigir que se respeten los derechos humanos y el debido proceso, pero esa vigilancia no debería parecer desconectada del sufrimiento de una población que también exige protección frente a los criminales.
LOS SEIS PUNTOS QUE CUESTIONA NACIONES UNIDAS
La OACNUDH identificó seis aspectos preocupantes en las nuevas reformas:
- Tatuajes y apariencia física: cuestiona que puedan utilizarse para acreditar pertenencia a organizaciones terroristas.
- Allanamientos: advierte sobre procedimientos sin control judicial posterior.
- Prisión preventiva: rechaza su imposición obligatoria sin evaluación individualizada.
- Detenciones: alerta sobre los riesgos de ampliar a 48 horas el plazo sin comparecencia ante un juez.
- Cárceles: denuncia aislamiento prolongado, confinamiento y restricciones de atención médica.
- Funcionarios: cuestiona el régimen especial de protección frente a allanamientos establecido en el Decreto 258-2026.
LA ONU EXIGE CAMBIOS Y HONDURAS TAMBIÉN EXIGE SEGURIDAD
El organismo recomendó reformar las disposiciones cuestionadas, crear un Registro Central de Personas Detenidas de acceso público y fortalecer la supervisión del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Conadeh y el Conaprev.
Sin embargo, el debate no debería reducirse a una disputa entre derechos humanos y seguridad ciudadana. Los sospechosos tienen derecho al debido proceso, pero las víctimas también tienen derecho a vivir sin miedo y recibir justicia.
La ONU puede vigilar las garantías de los detenidos, pero también debería mantener la misma atención sobre los ciudadanos que están a merced de la delincuencia. Porque los derechos humanos no pueden tener una sola dirección: ¿QUIÉN DEFIENDE A LOS HONDUREÑOS QUE SOLAMENTE QUIEREN QUE NO LOS MATEN?
