Escándalo en el Catarino Rivas: Pagan a empleados fantasmas y dejan fuera a médicos
SAN PEDRO SULA. – El Hospital Mario Catarino Rivas enfrenta una tormenta interna que deja al descubierto un sistema colapsado entre irregularidades, despidos y denuncias laborales. Lo que comenzó como una revisión administrativa ahora revela un escándalo que sacude uno de los centros asistenciales más importantes del país.
El director Juan Carlos Argueta confirmó que se realiza una auditoría de contratos laborales, donde ya se detectó una “buena cantidad de personas” que, pese a estar en planilla, no tienen funciones definidas, pero sorprendentemente sí reciben salario, y a tiempo.
“Son los primeros en cobrar”, admitió el funcionario, dejando al descubierto un posible esquema de desorden administrativo y plazas irregulares dentro del hospital.
La situación es aún más grave: también se identificaron empleados que no se presentan a trabajar o simplemente no pueden ser localizados, evidenciando lo que muchos califican como una estructura inflada y sin control. Por ahora, se estima que al menos cinco o seis casos están confirmados, aunque la cifra podría crecer.
Ante este panorama, la administración ha comenzado la cancelación de contratos irregulares y la suspensión de marcaciones biométricas, en un intento por “ordenar la casa”. Sin embargo, estas medidas han desatado una ola de indignación entre el personal médico.
Y es que mientras se descubren supuestos “empleados fantasmas”, médicos denuncian que están siendo despedidos de forma irregular, algunos mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, y otros al intentar marcar su entrada y encontrarse bloqueados en el sistema biométrico.
El conflicto se intensifica en medio de atrasos salariales de hasta tres meses, lo que ya mantenía al personal en asambleas informativas. El doctor Harold Tábora advirtió que las protestas continuarán, denunciando que los pagos han sido parciales e insuficientes.
Además, los médicos cuestionan la lógica de los despidos en medio de una emergencia sanitaria nacional, señalando que reducir personal en estas condiciones es una decisión contradictoria y peligrosa.
El caso del doctor Roger Canizales, exjefe de Urgencias, ha encendido aún más la polémica. Con tres años de servicio, asegura que fue despedido mediante una llamada y posteriormente bloqueado del sistema, denunciando falta de transparencia e insinuando posibles intereses políticos detrás de las decisiones.
La crisis no se limita al área médica. Personal de seguridad también reporta atrasos salariales y despidos verbales, reflejando un problema estructural que va más allá de un simple reordenamiento administrativo.
A nivel nacional, el conflicto se replica. Enfermeras ya anuncian medidas tras despidos en otros hospitales, mientras sectores políticos califican la situación como un contrasentido, recordando que el decreto de emergencia buscaba fortalecer el sistema, no debilitarlo.
Mientras las autoridades defienden el proceso como necesario para depurar la planilla, la realidad es otra: el Catarino Rivas se encuentra atrapado en una crisis que mezcla desorden, despidos y tensión laboral, con los pacientes —una vez más— en medio del fuego cruzado.
