Edmundo Orellana: Castiguen a los corruptos responsable no al pueblo que quiere hospitales
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, cuestionó la suspensión de la construcción de varios hospitales en el país y advirtió que detener indefinidamente las obras significa castigar al pueblo hondureño, que calificó como el verdadero inocente en esta crisis.
El también exfiscal sostuvo que las investigaciones sobre presuntas irregularidades deben enfocarse en los responsables y no afectar a miles de ciudadanos que esperan atención médica en zonas históricamente olvidadas.
“Castiguen al responsable. Sean implacables con el que, a sabiendas, se aprovechó. Pero no le nieguen salud al pueblo”, expresó de manera contundente.
Las declaraciones surgen luego de que el Juzgado en materia de Criminalidad, Medio Ambiente y Corrupción declarara con lugar una petición del Ministerio Público para imponer la suspensión de la construcción de los hospitales de Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque como medida precautoria mientras avanzan las investigaciones.
Según trascendió, las indagaciones por posibles anomalías podrían extender la paralización de los proyectos por más de dos meses, situación que genera preocupación por el impacto directo en la población.
En la resolución judicial se detalla que el hospital de Santa Bárbara está siendo construido en terrenos pertenecientes a una organización no gubernamental, lo que podría derivar en futuros conflictos legales sobre la propiedad.
Además, el documento indica que dicho hospital presenta un avance físico del 25 %, aunque ya existen compromisos contractuales cercanos al 70 %.
En el caso del hospital de Ocotepeque, las autoridades señalan una baja ejecución física de la obra, mientras los contratos están próximos a vencerse. Asimismo, se menciona la contratación de varias empresas para desarrollar microproyectos con alta inversión presupuestaria.
La situación también se repite en el hospital de Salamá, Olancho, donde el avance de construcción ronda el 25 %, pese a que los compromisos contractuales superan el 70 %, según la resolución emitida por el juzgado.
