¡Se robaron lo incautado! En la OABI se desaparecen L.26 millones en dinero incautado
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló este miércoles una nueva línea de investigación que señala al exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, y a la exjefa de la Unidad de Administración y Gestión, Andrea Carolina Zavala, por el presunto desvío de 26 millones de lempiras, mediante operaciones financieras que habrían permitido la movilización irregular de fondos bajo custodia del Estado de Honduras.
La investigación, presentada por la directora del CNA, Gabriela Castellanos, detalla que los hechos observados ponen bajo serio cuestionamiento la administración de recursos incautados, al tratarse de decisiones tomadas desde altos niveles de la institución encargada de resguardar bienes del Estado.
Castellanos enfatizó que la movilización de 26 millones de lempiras en la OABI “no puede considerarse un error administrativo”, sino una acción que involucra responsabilidad directa de quienes tenían el deber de proteger los recursos públicos.
Según el informe, el 17 de diciembre de 2024 una empresa incautada solicitó un préstamo puente por 25 millones de lempiras, trámite que inicialmente no presentaba irregularidades. Sin embargo, un día después, la figura fue modificada a “apoyo financiero temporal”, un mecanismo que no está contemplado en el reglamento interno de la institución.
“El cambio no fue un tecnicismo, fue una maniobra interna para omitir requisitos obligatorios y evadir controles legales”, denunció Castellanos, al señalar que este ajuste permitió la autorización de desembolsos sin respaldo técnico adecuado.
La titular del CNA advirtió que la situación se agrava debido a que los fondos habrían sido incrementados posteriormente hasta alcanzar los 26 millones de lempiras, sin que existan evidencias claras de uso, pagos o abonos que justifiquen el movimiento del dinero.
El informe también revela que, posteriormente, se habría realizado un desembolso adicional de hasta 100 millones de lempiras, sin documentación técnica suficiente que respalde su destino o ejecución.
Ante esto, el CNA cuestionó la falta de controles y planteó interrogantes sobre la responsabilidad estatal en el resguardo de estos recursos.
“¿Quién debería garantizar la protección de esos recursos? ¿Quién responderá si un juzgado ordena su devolución?”, cuestionó Castellanos, advirtiendo que estas prácticas podrían derivar en nuevas cargas económicas para el Estado hondureño.
El CNA señaló que este caso podría no ser aislado, sino parte de un posible patrón de conducta administrativa irregular dentro de la OABI, donde —según la investigación— los procedimientos habrían sido flexibilizados de forma indebida.
Castellanos subrayó que la lucha contra la corrupción no solo implica perseguir el desvío directo de fondos públicos, sino también las prácticas que distorsionan las normas de administración estatal.
“La anterior OABI no debió administrar lo incautado como una hacienda sin dueño”, afirmó, al insistir en que los bienes bajo custodia del Estado no pueden ser utilizados discrecionalmente.
En paralelo a la investigación, este miércoles se confirmó la destitución de la titular de la OABI, Elizabeth Rodríguez, quien pasará a ocupar otro cargo en la administración pública dentro de la CICESCT, mientras que el abogado Jorge Alberto Cálix asumirá la dirección de la institución.
La información fue confirmada por el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, quien indicó que los cambios forman parte de una reorganización institucional dentro del aparato estatal.
Mientras tanto, el caso del presunto desvío de fondos en la OABI continúa bajo investigación y ha encendido nuevas alertas sobre el manejo de bienes incautados en Honduras.
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