¿Quién los mando a ser corruptos? 11 policías se juegan su libertad por múltiples crímenes
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Este día el Tribunal de Sentencia dará a conocer el fallo del juicio oral y público contra 11 exagentes de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), acusados de presunta participación en los delitos de tortura y robo agravado en perjuicio de un ciudadano de nacionalidad filipina, en hechos que habrían ocurrido en 2023 durante un supuesto falso allanamiento ejecutado en la zona norte del país, por lo que el caso ha generado alta expectativa entre organismos de derechos humanos y autoridades judiciales.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los agentes habrían participado en una operación irregular en la que la víctima fue sometida a actos de violencia extrema y posteriormente despojada de sus pertenencias.
El expediente judicial establece que el caso se remonta a un operativo realizado en 2023, en el que supuestamente se ejecutó un falso allanamiento en el que los acusados habrían actuado fuera del marco legal.
Las investigaciones posteriores llevaron a la judicialización del caso, tras recopilarse indicios que vinculan a los exagentes con actos de abuso de autoridad y otras irregularidades durante la intervención.
La resolución que emita el tribunal será determinante para establecer la responsabilidad penal de los imputados, quienes enfrentan cargos relacionados con tortura, robo agravado y abuso de autoridad, entre otros delitos vinculados al hecho denunciado.
El fallo es esperado con atención debido a la gravedad de las acusaciones y al hecho de que los señalados pertenecían a una unidad policial especializada que fue posteriormente desarticulada por decisión del Estado.El caso ha generado atención de organismos de derechos humanos, sectores de la sociedad civil y autoridades del sistema de justicia, que siguen de cerca la resolución del tribunal.
La sentencia será clave no solo para definir el futuro judicial de los acusados, sino también para reforzar los estándares de control y rendición de cuentas dentro de las fuerzas de seguridad del país.
Con el dictamen programado para este día, el proceso entra en su fase final, a la espera de una decisión que podría sentar un precedente importante en casos de presunto abuso policial en Honduras.
