Suspenden al Fiscal General Johel Zelaya y el Congreso arde entre gritos, pólvora y empujones
TEGUCIGALPA. — En una escena más cercana a un campo de batalla que a un debate democrático, el Congreso Nacional dio inicio la noche del lunes al juicio político contra el Fiscal General, Johel Zelaya, en medio de un ambiente cargado de tensión, ruido ensordecedor y confrontación física.
El proceso arrancó a las 8:48 p.m. con el abierto rechazo de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos diputados respondieron con pitos, morteros de humo y pólvora, convirtiendo el hemiciclo en un espectáculo caótico que dejó en evidencia el deterioro del debate político en Honduras.
Pese al boicot, el pleno legislativo admitió la denuncia, aprobó la suspensión inmediata de Zelaya y nombró de forma interina a Marcio Cabañas como titular del Ministerio Público. La decisión fue respaldada por cuatro de las cinco bancadas, según confirmó el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, quien defendió el proceso como un acto “legítimo”.
El juicio político se sustenta en señalamientos de actuaciones supuestamente arbitrarias y sin sustento legal por parte de Zelaya, particularmente contra las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, así como contra funcionarios del TJE.
Los diputados promotores —Jack Uriarte, Rashid Mejía, Santos Pérez y Frank Alley— acusan al fiscal de intervenir el órgano electoral, ordenar secuestros de documentos y promover investigaciones penales que, aseguran, responden más a intereses políticos que a la ley.
Sin embargo, en medio del ruido y los empujones —protagonizados especialmente por legisladores de Libre como Fabricio Sandoval y Sergio Castellanos—, la discusión de fondo quedó relegada, opacada por el espectáculo de confrontación.
El hemiciclo vivió momentos de alta tensión, con forcejeos entre diputados y elementos de seguridad, mientras los gritos y silbidos impedían incluso escuchar la lectura completa del documento acusatorio.
La escena deja una pregunta incómoda: ¿puede un proceso de esta magnitud desarrollarse con legitimidad en medio del caos?
Aun así, el Congreso avanzó a paso forzado. Se nombró una comisión especial integrada por nueve diputados, que deberá investigar los hechos y presentar un informe en los próximos días. Según el congresista Mario Pérez, el fiscal será citado para que ejerza su defensa, y el dictamen podría estar listo este mismo miércoles.
Lejos de replegarse, el suspendido Fiscal General reaccionó con un discurso de desafío. A través de sus redes sociales, aseguró que enfrenta el proceso con “serenidad” y la convicción de haber actuado conforme a la ley.
“No tengo miedo”, afirmó, agregando que comparecerá ante el Congreso para “exponer la verdad” y exigir que se presenten las pruebas en su contra en una audiencia pública.
En declaraciones posteriores, fue más allá: calificó el proceso como un movimiento político y advirtió que nunca será instrumento de ningún partido, marcando distancia de las presiones que, según reveló, incluyeron solicitudes de renuncia tras el cambio de gobierno.
El propio Zelaya dejó entrever lo que muchos sospechan: este juicio político no ocurre en el vacío. Reveló que ya existe una propuesta para sustituirlo, señalando al fiscal Pablo Theodore como carta del Partido Nacional.
Mientras tanto, Zambrano recordó que este es el juicio político número 12 desde 2013, subrayando —con evidente carga política— que en los 11 anteriores, Libre no logró los votos necesarios.
