Enfermeras desmienten a Gobierno: Despidos “a la fuerza” y sin papeles en plena crisis sanitaria
Tegucigalpa. – La presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería, Julia Benítez, cuestionó duramente las versiones oficiales sobre los despidos recientes y denunció irregularidades graves en la forma en que se está separando al personal.
Benítez aseguró que no les sorprenden las declaraciones de los viceministros de Salud, pero dejó claro que “no se ajustan a la realidad”. Contrario a lo dicho por las autoridades, afirmó que las trabajadoras despedidas no son de reciente ingreso, sino que cuentan con entre tres y cinco años de servicio, muchas ocupando plazas que quedaron vacantes tras jubilaciones.
La dirigente gremial reconoció que existe desorden administrativo dentro del sistema, pero defendió que las profesionales han actuado dentro del marco legal, particularmente en los procesos de interinato, que forman parte del funcionamiento interno de los centros asistenciales.
Sin embargo, lo más alarmante —según denunció— es la forma en que se están ejecutando los despidos: sin notificación escrita y de manera verbal. Como ejemplo, citó el caso de enfermeras del Hospital San Felipe, quienes fueron informadas en Recursos Humanos de que ya no debían presentarse a trabajar, sin recibir ningún documento oficial.
“Nos parece incorrecto que se realicen cancelaciones sin documentación formal”, cuestionó Benítez, evidenciando lo que el gremio considera una violación a los derechos laborales.
Hasta el momento, ya se contabilizan más de 30 enfermeras despedidas, aunque el gremio continúa documentando casos para dimensionar el alcance real de la situación. Lo que genera aún más molestia es que, según Benítez, en reuniones previas las autoridades habían prometido estabilidad laboral, una promesa que hoy queda en entredicho.
La crítica también apunta a una aparente contradicción del Gobierno: mientras se aprobó un Decreto de Emergencia que buscaba fortalecer el sistema sanitario, en la práctica se estaría reduciendo personal, una decisión que podría impactar directamente la calidad de atención a los pacientes.
Ante este escenario, el gremio no descarta iniciar asambleas informativas después de Semana Santa, como medida de presión. Aclaran que no buscan perjudicar a la población, pero sí defender sus derechos frente a lo que consideran un manejo arbitrario.
