Noboa decreta nuevo estado de excepción en Ecuador
QUITO, ECUADOR. – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha vuelto a apostar por una medida extrema en su lucha contra el crimen organizado: un nuevo estado de excepción por 60 días que alcanza a nueve provincias y cuatro municipios clave. La decisión, lejos de ser aislada, confirma una estrategia sostenida basada en el uso de poderes extraordinarios en medio de una crisis de violencia que no da tregua.
La medida impacta directamente a Quito y Guayaquil, las dos ciudades más importantes del país, donde se concentra una población cercana a los 7 millones de habitantes. En estos territorios, así como en otras zonas críticas, se suspenden derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, permitiendo a las fuerzas de seguridad actuar sin autorización judicial previa. Es decir, el Estado amplía su margen de acción mientras reduce garantías ciudadanas, un equilibrio que despierta crecientes cuestionamientos.
El decreto llega en un momento particularmente sensible: en vísperas del feriado de Semana Santa, cuando millones de ecuatorianos se movilizan dentro del país. La coincidencia no es menor, pues evidencia la urgencia del Gobierno por contener posibles picos de violencia en un periodo de alta circulación de personas.
Las provincias afectadas —principalmente en la costa— reflejan el mapa del narcotráfico regional. Zonas como Esmeraldas, El Oro, Guayas y Manabí son puntos estratégicos para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, en una red que conecta la producción colombiana con rutas internacionales. A este escenario se suman territorios como Sucumbíos, donde recientes operaciones militares, incluso con apoyo de Estados Unidos, han intentado desarticular estructuras como los Comandos de la Frontera, disidencia de las extintas FARC.
Desde que Noboa declaró la “guerra” al crimen organizado en 2024, el país ha vivido bajo una sucesión de estados de excepción con distintos alcances. Sin embargo, los resultados siguen siendo objeto de debate. Lejos de disminuir, los niveles de violencia han escalado hasta colocar a Ecuador en la cima de Latinoamérica en tasas de homicidios, con más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025.
El Gobierno insiste en que estas medidas son necesarias para recuperar el control territorial, pero los datos plantean una interrogante incómoda: ¿puede la militarización sostenida resolver una crisis estructural o está profundizando una espiral de violencia?
El nuevo decreto no solo refuerza la ofensiva estatal contra el crimen, sino que también reabre el debate sobre los límites del poder en contextos de emergencia. Mientras tanto, Ecuador continúa atrapado entre la urgencia de seguridad y la fragilidad de sus instituciones democráticas.
