CSJ investiga a juez por polémicas decisiones en caso Koriun

TEGUCIGALPA, HONDURAS. — La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la designación de cuatro inspectores para investigar al juez Francisco Álvarez, tras la controversia generada por sus decisiones en el caso de Koriun Inversiones, considerado uno de los mayores escándalos financieros recientes en el país.
La inspección, que estará a cargo de la Supervisión General del Poder Judicial, busca realizar una revisión integral del proceso, incluyendo el análisis de las resoluciones emitidas, el cumplimiento de los plazos procesales y la legalidad de las medidas dictadas por el togado.
El foco principal de la investigación recae en la decisión del juez de otorgar medidas distintas a la prisión preventiva al gerente de la empresa, Iván Velásquez, a quien inicialmente se le permitió defenderse en libertad mediante una caución de 25 millones de lempiras. Sin embargo, en un giro que generó desconcierto, el mismo juez revocó su resolución y ordenó nuevamente la prisión preventiva.
Este cambio abrupto no solo evidenció inconsistencias en el manejo del caso, sino que también provocó reacciones inmediatas entre los afectados. Decenas de inversionistas llegaron incluso hasta la Penitenciaría Nacional de Támara, con la expectativa de la liberación del acusado, reflejando el nivel de incertidumbre y desesperación de quienes buscan recuperar su dinero.
El caso Koriun Inversiones ha sido catalogado como una de las mayores estafas tipo Ponzi en Honduras, con más de 30 mil personas afectadas. La empresa operaba bajo promesas de altos rendimientos, pero terminó colapsando tras incumplimientos, dejando pérdidas millonarias y un profundo impacto social.
El Ministerio Público acusa a Velásquez de delitos como lavado de activos, tenencia ilegal de armas y desobediencia, lo que incrementa la relevancia del proceso y la necesidad de decisiones judiciales sólidas y coherentes.
No obstante, los cuestionamientos hacia el juez Álvarez no se limitan a este caso. También han surgido críticas por su actuación en otros procesos, como una disputa de tierras en la colonia Cerro Grande, donde, pese a existir una sentencia firme, se habría ordenado un desalojo y posteriormente se dictó un sobreseimiento definitivo a funcionarias vinculadas, generando dudas sobre la consistencia de sus fallos.
La investigación ordenada por la CSJ incluirá además la revisión de otros expedientes resueltos el mismo día, con el objetivo de determinar si las decisiones del juez se ajustaron a derecho o si existen posibles irregularidades.
Este proceso ocurre en un contexto donde la confianza en el sistema judicial enfrenta constantes cuestionamientos. Casos de alto impacto como Koriun no solo ponen a prueba la capacidad institucional, sino también la credibilidad de los operadores de justicia.









