Liberan a sospechoso con arsenal de guerra y desatan furia en lucha antidrogas
TEGUCIGALPA, HONDURAS. — La liberación de un sospechoso capturado con armas de uso prohibido tras una operación antidrogas de alto impacto ha encendido la indignación de autoridades, que denuncian un golpe directo a la lucha contra el crimen organizado.
El caso estalló luego de que un juzgado en Olancho dejara en libertad a José Paguada Gómez, pese a que, según la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), se le incautó un arsenal de 36 armas de fuego, muchas de ellas de uso prohibido y equipadas con silenciadores.
La decisión judicial —que impone únicamente la obligación de firmar semanalmente y el pago de 100 mil lempiras— provocó la reacción inmediata del director de la DLCN, general Ramiro Muñoz, quien calificó la medida como “un insulto al pueblo hondureño”.
“¿Sabe lo que cuesta llevar a cabo una operación de esta magnitud para que en tres minutos alguien quede libre?”, cuestionó el jerarca, evidenciando la frustración de las fuerzas de seguridad ante lo que consideran un retroceso en la lucha contra el crimen.
La operación que dio origen al caso fue catalogada como un golpe contundente al narcotráfico, ejecutada en Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso, y que permitió el aseguramiento de 129 bienes inmuebles, entre 80 y 90 vehículos, 36 armas de fuego y 11 productos financieros.
Sin embargo, el resultado judicial ha puesto en tela de juicio la coordinación entre el sistema de justicia y las fuerzas de seguridad, abriendo un nuevo capítulo de desconfianza institucional.
Muñoz fue más allá al advertir que decisiones como esta fortalecen la impunidad y envían un mensaje peligroso a las estructuras criminales. Incluso, sugirió que la jueza pudo haber actuado bajo presión o amenazas, aunque subrayó que esto no justifica resoluciones que debiliten el Estado de derecho.
La polémica se intensifica tras revelarse que el imputado tendría la intención de regresar a trabajar “normalmente” en una gasolinera vinculada a bienes asegurados, lo que, según autoridades, podría representar un riesgo adicional.
“Si un fiscal no puede acusar y un juez no puede actuar, ¿cuándo vamos a corregir este problema?”, cuestionó Muñoz, poniendo el foco en la crisis estructural del sistema judicial hondureño.
El director de la DLCN dejó claro que continuarán las acciones legales y nuevas operaciones, advirtiendo que no permitirán que estos casos queden en el olvido. “No aceptamos este tipo de cosas. Ya es suficiente”, sentenció.
Este episodio vuelve a encender las alarmas sobre la fragilidad institucional frente al crimen organizado y reabre el debate sobre la capacidad del Estado para sostener una lucha efectiva contra redes que, cada vez más, parecen moverse con ventaja.
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