Piden 36 años de cárcel para mujer por abuso sexual de menores
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. — El Ministerio Público solicitó hasta 36 años de prisión contra Katherine Yulibeth Romero Sorto, de 28 años, tras ser declarada culpable por unanimidad de violación continuada y otras agresiones sexuales calificadas contra dos menores, hijos de su expareja.
En la audiencia de individualización de la pena, los fiscales detallaron una petición ejemplarizante: 16 años por violación continuada y 10 años por cada uno de los dos delitos de agresión sexual, sumando la pena máxima contemplada por la ley. La solicitud responde —según la Fiscalía— al grave daño físico y psicológico causado a las víctimas, quienes eran menores de edad al momento de los hechos.
Pero la petición va más allá de la cárcel. El ente acusador también pidió penas accesorias severas, entre ellas la prohibición de acercarse o residir cerca de las víctimas por 72 años, 10 años de libertad vigilada tras cumplir la condena y la inscripción obligatoria en el registro de agresores sexuales.
El proceso judicial avanzó con rapidez. La acusada fue capturada en mayo de 2025, el juicio inició el 2 de marzo de 2026 y apenas ocho días después, el tribunal emitió un fallo condenatorio unánime, sustentado en un robusto paquete probatorio que incluyó evaluaciones psicológicas, peritajes físicos, análisis videoforenses y testimonios en cámara Gesell, mecanismo diseñado para proteger a las víctimas de una nueva exposición.
De acuerdo con las investigaciones, los abusos habrían ocurrido mientras la ahora condenada ejercía un rol de cuidado dentro del entorno familiar, lo que —según analistas— agrava el nivel de responsabilidad y la confianza vulnerada.
Mientras tanto, los menores continúan bajo atención psicosocial especializada, en un intento por mitigar las secuelas de un caso que ha generado indignación y debate sobre la protección de la niñez en entornos cercanos.
La lectura de sentencia ha sido programada para el próximo 16 de abril, fecha en la que el tribunal definirá si impone la pena máxima solicitada por la Fiscalía o una sanción dentro del rango legal establecido. El fallo será clave en un proceso que ya es considerado emblemático por la gravedad de los hechos y la contundencia de las pruebas.
