Dime tú si no es raro: Funcionarias renuncian tras aprobación de nuevo juicio político
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Congreso Nacional aceptó la renuncia de la consejera suplente del CNE, Karen Rodríguez, y de la presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), Suyen Muñoz, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades vinculadas al proceso electoral de 2025.
La decisión se produjo mientras el Legislativo mantiene en marcha procesos de juicio político contra varios funcionarios del sistema electoral, entre ellos el consejero del CNE Marlon Ochoa y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, señalados por presuntas acciones y omisiones que habrían afectado el desarrollo de las elecciones generales de 2025.
En el caso de Karen Rodríguez, su renuncia se dio en pleno avance de las denuncias en su contra, donde se le atribuían supuestas ausencias injustificadas, rechazo a convocatorias del pleno del CNE y participación en decisiones que habrían retrasado la declaratoria de resultados electorales.
No obstante, en su carta de dimisión, la exconsejera defendió su actuación asegurando que actuó conforme a la ley y bajo criterios jurídicos, argumentando que en varias ocasiones evitó participar en decisiones que consideraba no cumplían con los requisitos legales establecidos.
Rodríguez también señaló que su renuncia responde a motivos personales, afirmando que busca resguardar su seguridad y la de su familia ante el contexto generado por el proceso en su contra.
En la misma sesión, el Congreso aceptó la renuncia de Suyen Muñoz, quien se desempeñaba como presidenta de la CDPC. Su salida se produce en medio del clima de presión política derivado de los procesos legislativos en curso. Muñoz, además, es pareja del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, un elemento que ha generado reacciones en el ámbito político.
Ambas dimisiones fueron aprobadas con el respaldo de varias bancadas, mientras continúa el avance de los juicios políticos contra los funcionarios restantes del sistema electoral, a quienes se les atribuyen presuntas violaciones constitucionales, negligencia y fallas en el ejercicio de sus funciones.
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