Exigen al MP actuar contra exfuncionarios destituidos en juicio político
TEGUCIGALPA, HONDURAS. — El reciente proceso de juicio político en las altas esferas del Estado ha abierto un nuevo frente de tensión institucional, luego de que sectores de la sociedad civil y diputados de la comisión especial exigieran al Ministerio Público que presente de forma inmediata requerimientos fiscales contra los funcionarios destituidos.
La discusión surge tras la separación de altos cargos como el exfiscal general Johel Zelaya, el exconsejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras Marlon Ochoa y el exmagistrado Mario Morazán, en un proceso legislativo que sacudió a instituciones clave del país.
Desde el Consejo Nacional Anticorrupción, su directora ejecutiva Gabriela Castellanos advirtió que la destitución no puede quedarse solo en el plano político, sino que debe continuar en la vía penal.
“Hoy exigimos al Ministerio Público que presente requerimientos fiscales, porque sí hay actos que fueron conducentes a temas de delito”, señaló Castellanos, al subrayar que la rendición de cuentas debe ser integral.
En la misma línea, la diputada Tania Pinto, presidenta de la comisión especial de juicio político, afirmó que la separación de los funcionarios es apenas la consecuencia política, pero ahora corresponde deducir responsabilidades penales, civiles y administrativas.
“No se puede permitir la impunidad en este país”, advirtió Pinto, al señalar que el proceso se desarrolló respetando el debido proceso y el derecho a la defensa.
El debate también ha abierto la posibilidad de nuevos procesos legislativos, ya que el diputado Alberto Cruz reveló que se analiza una denuncia contra siete congresistas vinculados a la comisión permanente anterior, lo que podría ampliar la crisis política en el Legislativo.
Cruz insistió en que, más allá de las disputas políticas, la prioridad debe ser la recomposición de los entes electorales con autoridades independientes y la actuación firme del ente fiscal.
El escenario deja en evidencia una creciente presión para que el juicio político no se convierta en un punto final, sino en el inicio de procesos judiciales que determinen posibles responsabilidades penales en el manejo del Estado.
