Otro escandalo de Libre: Millones sin justificación ni documentación para sus “mártires”
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Nuevos cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos durante el gobierno de Libertad y Refundación (Libre), encabezado por la expresidenta Xiomara Castro, salieron a la luz tras anunciarse una investigación por presuntos pagos mensuales de hasta 350 mil lempiras destinados a familiares de los llamados “mártires de la resistencia”.
El abogado Leonel Núñez, integrante de la Comisión Liquidadora, informó que se indaga el origen, legalidad y alcance de estos desembolsos, que habrían sido entregados bajo conceptos de bono, indemnización o reparación.
Uno de los principales puntos de la investigación será determinar si los L350 mil mensuales eran otorgados por familia beneficiaria o si el pago se realizaba a cada integrante del núcleo familiar.
“Lo que hay que definir es a cuánto ascendía la cifra, si se entregaba por familia o a cada familiar”, manifestó Núñez, al advertir que no se puede disponer del dinero estatal sin sustento legal claro.
Asimismo, la comisión buscará establecer quiénes recibieron los beneficios, desde cuándo estaban vigentes y mediante qué resolución fueron autorizados.
Según explicó el profesional del derecho, los recursos salían directamente de las arcas del Estado, vinculados a un programa de verdad, reparación y atención a familiares de víctimas.
Detalló que la Secretaría de Derechos Humanos administraba el programa, mientras otras instituciones participaban en la ejecución de medidas de compensación.
“Para que el Estado sea condenado a indemnizar debe existir una resolución emitida por un juez competente, nacional o internacional”, afirmó Núñez, al señalar que se revisará si los pagos contaban con respaldo jurídico.
El integrante de la Comisión Liquidadora advirtió que solicitarán información oficial y, de ser negada u ocultada, procederán por la vía judicial.
Además, indicó que los expedientes podrían ser remitidos a los órganos encargados de impartir justicia si se detectan faltas, irregularidades o posible dolo en la autorización de los desembolsos.
“La información debe ser transparente”, sostuvo, cuestionando además que varias secretarías de Estado no contaban con auditoría interna adecuada.
El programa de atención a familiares de mártires fue creado mediante el PCM 17-2022, publicado en La Gaceta número 36,083, durante la administración de Xiomara Castro.
Su objetivo oficial era brindar apoyo a descendientes, ascendientes, hermanos, cónyuges, uniones libres o dependientes directos de víctimas de asesinato registradas por informes de la CIDH y organismos de derechos humanos en el contexto del golpe de Estado de 2009.
Entre los beneficios contemplados figuraban compensación económica, becas, vivienda, atención psicológica, servicios de salud, empleo digno y acceso a la justicia.
En enero de 2025, la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informó que durante 2024 al menos 49 familiares de 34 mártires habían sido certificados y atendidos.
Asimismo, para 2025 se habían identificado 77 familiares de 41 mártires registrados oficialmente por la Dirección del Programa Memoria Histórica y Reparación.
La entonces viceministra de Sedesol, Mirtha Gutiérrez, aseguró en ese momento que existía una partida presupuestaria específica para garantizar transparencia en el uso de los fondos.
La nueva investigación reabre el debate sobre la transparencia en programas sociales, la rendición de cuentas y la obligación del Estado de justificar cada desembolso realizado con dinero público.
