ICE en la mira: Investigan muerte de migrante a manos de un agente federal

FRANKLIN PARK, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS. – La Policía Estatal de Illinois abrió una investigación sobre la muerte de Silverio Villegas-González, un ciudadano mexicano de 38 años que fue abatido por un agente federal de inmigración en septiembre de 2025, en un caso que desde el inicio ha estado marcado por versiones contradictorias y cuestionamientos por el uso de la fuerza.

El hecho ocurrió en los primeros días de la denominada Operation Midway Blitz, una amplia ofensiva migratoria impulsada por la administración del entonces presidente Donald Trump en el área de Chicago. Aunque autoridades federales defendieron el operativo como una medida de seguridad pública, funcionarios locales y estatales lo calificaron como excesivo e incluso presuntamente ilegal.

La nueva indagación estatal comenzó casi ocho meses después del incidente, luego de que el Departamento de Policía de Franklin Park solicitara formalmente la intervención tras la publicación de un informe de la Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois, documento que señaló posibles irregularidades en la actuación de los agentes federales y pidió revisar la posible comisión de delitos.

Según la versión inicial del Departamento de Seguridad Nacional, Villegas-González se habría negado a obedecer órdenes de los agentes y habría conducido su vehículo contra ellos, golpeando a uno y arrastrándolo una distancia considerable, lo que llevó al oficial a disparar al temer por su vida.

Sin embargo, videos y evidencias revisadas posteriormente han puesto en duda esa narrativa oficial. Las grabaciones muestran al hombre intentando huir, pero no evidencian que haya atropellado a un agente. Además, en uno de los registros se escucha al propio oficial describir sus lesiones como “nada grave”, lo que contradice reportes iniciales que hablaban de heridas severas.

Silverio Villegas-González, identificado como padre de familia y cocinero, había dejado a sus hijos en la guardería y se dirigía a su trabajo cuando fue interceptado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante el operativo recibió un disparo en el cuello a corta distancia, según reportes. Fue trasladado al Loyola University Medical Center, donde falleció menos de una hora después.

Uno de los elementos que ha generado mayor controversia es que ninguno de los agentes involucrados portaba cámaras corporales. Hasta ahora no ha surgido material audiovisual que confirme el momento exacto del disparo ni el supuesto arrastre del oficial.

Los resultados de la autopsia indican que la bala ingresó por el lado izquierdo del cuello y terminó alojada en el pecho, lo que, de acuerdo con el reporte, sugiere que el disparo pudo haberse realizado desde una posición elevada.

La investigación actual representa el primer escrutinio independiente sobre la actuación de los agentes federales durante aquel operativo. La portavoz estatal Melaney Arnold informó que el Grupo de Trabajo de Integridad Pública (PITF) ya inició una investigación preliminar.

Una vez concluida esa fase, el expediente será remitido a la Fiscalía del Condado de Cook, que ha indicado que por ahora mantendrá una participación limitada mientras continúe abierta la investigación policial.

En paralelo, una coalición de funcionarios electos, líderes religiosos y organizaciones civiles ha cuestionado la cercanía entre la fiscalía y las agencias federales, al considerar que esa relación podría dificultar eventuales acciones legales contra los agentes implicados.

El caso de Villegas-González no fue el único registrado durante la Operation Midway Blitz. Durante ese operativo también fue baleada Marimar Martínez, quien sobrevivió y posteriormente vio cómo los cargos en su contra fueron desestimados.

El informe estatal más reciente fue especialmente crítico con la estrategia federal y señaló que el operativo estuvo acompañado de uso de gas lacrimógeno, detenciones masivas y denuncias de fuerza excesiva.

El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, afirmó que las autoridades estatales revisarán las pruebas y tomarán las medidas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

No obstante, especialistas advierten que el proceso legal podría enfrentar obstáculos, ya que la Constitución de Estados Unidos limita en ciertos casos la capacidad de los estados para procesar a agentes federales, especialmente cuando estos alegan haber actuado bajo amenaza.