¡No le quiten sus centavitos a los maestros! Diputados buscan proteger aumento salarial docente

TEGUCIGALPA, HONDURAS. — Diputados de distintas bancadas presentaron en el Congreso Nacional una serie de proyectos de ley orientados a proteger el reciente aumento salarial de los docentes, impedir que sea absorbido por colegios magisteriales y promover reformas en materia de jubilación e infraestructura educativa.

La iniciativa que ha generado mayor atención fue presentada por el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Mario Reyes, quien propuso prohibir que los colegios magisteriales o cualquier organización gremial de docentes realicen deducciones que impliquen la captación total o parcial del incremento salarial aprobado por el Gobierno.

Con la aprobación del Presupuesto General de la República 2026, los maestros recibieron un aumento que oscila entre 1,500 y 5,538 lempiras, dependiendo de su nivel y funciones dentro del sistema educativo. Sin embargo, según expuso el congresista, parte de ese incremento no está llegando completo a los docentes, debido a las deducciones que aplican algunas organizaciones gremiales.

“Se prohíbe a los colegios magisteriales o cualquier otra organización gremial de docentes efectuar deducciones que impliquen la captación o absorción total del incremento salarial aprobado a favor de los maestros”, establece la propuesta presentada por Reyes.

En la misma línea, el diputado nacionalista por Copán, Rony Alvarado, introdujo otro proyecto de ley para declarar de orden público la regulación de las deducciones aplicadas al salario de los docentes por concepto de aportaciones a los colegios magisteriales.

Por otra parte, el diputado liberal por Cortés, Carlos Umaña, presentó una iniciativa enfocada en el sistema de jubilación, con el propósito de homologar el porcentaje de cotización de todos los institutos de previsión del país.

El parlamentario explicó que el objetivo es garantizar condiciones más equitativas para los adultos mayores, de manera que el cálculo de la jubilación se realice bajo criterios similares a los aplicados a los derechohabientes activos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), quienes mantienen un techo de cotización definido.

“Siempre consideré injusto que los ancianos pagaran más que los derechohabientes activos, porque les cobran sobre la totalidad de su jubilación”, expresó Umaña, al recordar su experiencia de 28 años como exempleado del Seguro Social.

En materia de infraestructura educativa, el diputado nacionalista por Atlántida, Remberto Zavala, presentó una propuesta para realizar un censo nacional de centros educativos públicos que permita identificar la situación legal de los inmuebles y determinar cuáles no cuentan con título de propiedad inscrito a nombre de la Secretaría de Educación.

El legislador señaló que actualmente muchas escuelas están registradas a nombre del Estado de Honduras y no de la Secretaría de Educación, situación que —según explicó— se ha convertido en un obstáculo para la ejecución de proyectos de remodelación, ampliación y construcción de nuevas instalaciones.

Zavala advirtió que esta condición también limita el acceso a fondos de cooperación internacional, debido a que uno de los requisitos para intervenir un centro escolar es que el inmueble esté legalmente inscrito a nombre de la dependencia educativa.

La iniciativa establece que la Secretaría de Educación deberá realizar, en un plazo no mayor de 12 meses, un censo nacional que identifique todos los centros educativos públicos que no cumplen con ese requisito.

El estudio deberá incluir ubicación geográfica, situación legal del inmueble, entidad titular de la propiedad y cualquier conflicto o limitación jurídica que impida el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Con estas propuestas, el Congreso Nacional abre un nuevo debate sobre el manejo de los recursos destinados al magisterio, la protección del salario docente y las condiciones estructurales que enfrenta el sistema educativo hondureño.