¡CAE EL FISCAL! Destituyen a Johel Zelaya en medio de caos y acusaciones

 TEGUCIGALPA. El Congreso Nacional consumó la caída de Johel Zelaya, quien fue destituido como Fiscal General de la República tras un histórico —y polémico— juicio político.

Desde el hemiciclo legislativo, la votación fue contundente: 93 diputados alzaron la mano para sacar del cargo al funcionario, acusándolo de actuaciones contrarias a la Constitución, así como de negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio de sus funciones.

El proceso no estuvo exento de tensión. El pleno del Congreso protagonizó un verdadero zafarrancho, reflejo de la crisis institucional que atraviesa el país. No se trató de cualquier sesión: fue el primer juicio político contra un alto funcionario del Estado en la historia reciente, un precedente que deja más preguntas que certezas.

Zelaya, quien llegó al cargo de forma interina el 1 de noviembre de 2023 por decisión de la comisión permanente presidida entonces por Luis Redondo, nunca logró despejar las dudas sobre su legitimidad ni su desempeño. Aunque fue ratificado en febrero de 2024, su gestión quedó marcada por la controversia y, finalmente, truncada a mitad del camino, lejos del 2030, año en que debía concluir su mandato.

Durante su comparecencia ante la comisión investigadora, el ahora exfiscal dejó más sombras que luces. En lugar de ofrecer respuestas claras sobre temas sensibles como la crisis electoral de 2025, el manejo de audios comprometedores y la inacción frente a actores señalados, optó por evasivas, discursos políticos y confrontaciones directas con los diputados.

Según versiones, frente a los nueve congresistas en el Salón de Retratos, Zelaya evidenció una postura más defensiva que técnica. Trasladó responsabilidades, evitó el fondo de las preguntas y respondió con argumentos personales, alimentando la percepción de un funcionario rebasado por el cargo.

La denuncia que detonó su caída fue demoledora: una “grave falta en el desempeño de su cargo”, acompañada de señalamientos por actuar contra el interés nacional. Además, se le atribuyó una conducta que, según sus detractores, rayó en la incompetencia sistemática al frente del Ministerio Público.

El Congreso no solo admitió la denuncia, sino que también ordenó su suspensión inmediata mientras avanzaba la investigación, argumentando la necesidad de evitar una posible obstrucción del proceso. La comisión especial encargada del caso aseguró haber respetado el debido proceso, aunque el ambiente político dejó en evidencia profundas divisiones.

Ahora, con su destitución consumada, el futuro de Johel Zelaya es incierto. Las acusaciones no terminan en el ámbito político: no se descarta que enfrente procesos penales, lo que podría convertir este escándalo en un caso judicial de alto impacto.